Aprueba Congreso de San Luis Potosí reforma para dotar de pensiones dignas a policías municipales

Este viernes en sesión extraordinaria del Congreso de San Luis Potosí se aprobó por unanimidad el decreto que modifica varios artículos de la Constitución del estado, de tal forma que se asegure prestaciones dignas, incluyendo el derecho a la pensión o jubilación para los elementos de las policías municipales.

Esta iniciativa fue propuesta por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y fue aprobada por diputados de todas las fuerzas políticas, con la intención de dotar de manera efectiva prestaciones de retiro, jubilación o pensión a través de esquemas operador por instituciones públicas y financiados por los propios ayuntamientos.

Al respecto, el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, calificó la aprobación como "un logro para el estado potosino", pero sobre todo para los propios integrantes de las policías municipales y sus familias, quienes ahora tendrán una mayor certeza sobre su futuro y su patrimonio después del retiro.

Luisa María Alcalde, a favor de iniciativa de brindar pensiones dignas a policías municipales de SLP

“Estamos muy contentos de que haya sido avalada la iniciativa, todos los integrantes de la legislatura se expresaron de manera favorable sobre la iniciativa, lo que dará mayor estabilidad a los propios policías en su actividad diaria”, subrayó.

Señaló de igual forma que de manera adicional esta medida tiene la finalidad de fortalecer como tal la seguridad pública en el estado, al afianzar mental y emocionalmente al elemento que sale diariamente a la calle a promover el orden y la paz.

Alcaldes potosinos respaldan iniciativa de Ricardo Gallardo para brindar pensión a policías municipales

Cabe destacar que, de acuerdo a lo aprobado por el Poder Legislativo, los ayuntamientos deberán establecer en sus proyectos de presupuesto de egresos una partida específica para estos esquemas de seguridad social, para lo cual a partir del día de entrada en vigor de la legislación tienen 120 días para hacer los ajustes normativos internos necesarios parala implementación de la reforma.