El Congreso del estado de San Luis Potosí aprobó la Ley de Juntas de Participación Ciudadana para la entidad, la cual permitirá que cualquier ciudadano pueda aspirar a formar parte de estos mecanismos que son los que definirán obras y acciones para sus colonias y fraccionamientos que serán de carácter obligatorio para los ayuntamientos correspondientes.
En este sentido, el diputado Rubén Guajardo Barrera, explicó que, mediante este ordenamiento se fortalece la ciudadanización de las juntas, con las que se establece un mecanismo de participación y comunicación entre los ciudadanos y los gobiernos, para fomentar y defender el involucramiento de la ciudadanía en la vida pública.
Se indica que las Juntas de Participación Ciudadana tendrán ámbito de competencia únicamente sobre la territorialidad por la que fueron electas, y contarán con atribuciones para fungir como órgano representativo de las personas habitantes de la territorialidad correspondiente.
Recibirán y resolverán mediante acuerdos, además las propuestas y solicitudes que presente la ciudadanía, deberá darlas a conocer a las autoridades, en este sentido, establecerán convenios y acuerdos con las mismas o bien, organismos de la sociedad civil.
La finalidad es impulsar el desarrollo de la comunidad, promover la participación ciudadana, especialmente en los programas de mejora; y presentar a los ayuntamientos propuestas relativas a aspectos que impacten la vida de las personas habitantes representadas; entre otras.
Indicó además, que la convocatoria para la integración de las juntas deberá expedirse por el ayuntamiento que corresponda, en coordinación con el Consejo Estatal Electoral y de Participación (Ceepac), que emitirá también los lineamientos correspondientes para la instalación de los centros de votación, recepción y cómputo de los votos, así como publicación de los resultados. En la integración de las Juntas deberá observarse el principio de paridad de género vertical y horizontal, por ayuntamiento.
Finalmente Guajardo Barrera sostuvo que con esta nueva legislación, se apertura la participación y el empoderamiento de la ciudadanía, por medio del reconocimiento de su derecho a participar, y regula un organismo diseñado para servir como intermediario entre las demandas de los habitantes y los ayuntamientos, y da paso al proceso de inclusión de la ciudadanía en la acción pública.
