Luego del escándalo en donde se han visto involucrados por presuntamente haber falsificado firmas para lograr la autorización de ejidatarios para la construcción de la presa “La Maroma”, la Conagua ahora arremete contra la UASLP y el COLSAN, que son las instituciones que albergan a los abogados que han estado asesorando a los inconformes.
A través de un comunicado oficial, la delegación de la Conagua en San Luis Potosí, presenta un desplegado en donde presuntamente representantes ejidales de 25 localidades del altiplano, emplazaron al Colsan y a la UASLP para que los académicos de sus instituciones “dejen de obstaculizar el desarrollo del Sistema Hidraúlico de La Maroma”.
En el desplegado con sellos de las representaciones ejidales fustigan a Manuel Fermín Villar Rubio y a David Vázquez Salguero que son los rectores de estas instituciones para que no permitan este tipo de actuación por parte de integrantes de sus instituciones “esta obra es prioritaria para el sustento de nuestras familias y nuestras comunidades” señalan.
Asimismo aseguran que van a interponer una denuncia colectiva en contra de estos investigadores del Colsan y de la UASLP, por impedir el derecho de acceso al agua a los habitantes de Real de Catorce, Villa de Guadalupe y Matehuala.
Cabe recordar que desde hace tiempo el catedrático Daniel Jacobo Marín del Colegio de San Luis y Guillermo Luévano Bustamante profesor investigador del posgrado de la Facultad de Derecho y coordinador de la Clínica de Litigio Estratégico de la Maestría de Derechos Humanos, son los que han estado asesorando a los ejidatarios inconformes.
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gpl
