La titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, en entrevista para El Universal San Luis Potosí, se pronunció sobre el escándalo de corrupción al interior del Congreso del estado, revelado por la organización Ciudadanos Observando en la que se cobrarían más de 25 millones de pesos en facturas con empresas fantasma.
Dijo que hasta el momento no se ha recibido denuncia alguna ante la ASE, ni que se tenga un comunicado para investigar sobre el caso. No obstante, mencionó que se encuentran trabajando dentro de sus obligaciones y facultades de la ASE en la investigación al Poder Legislativo en las cuentas públicas de 2017.
“Por medio de la Auditoría Superior del Estado estamos realizando la revisión de las cuentas públicas de 2017, verificando que los gastos y las erogaciones que se hayan realizado cumplan con la Ley”.
Puntualizó que la función de la ASE se limita en auditar solamente las cuentas públicas del Legislativo, sin embargo, existen facturas expedidas en el año 2016 como el caso de empresa Comercializadora ISMALOG, S. A. de C. V., quien facturó medicamento oncológico por 923 mil 800 pesos en diciembre de 2016 al Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto.
Ante ello, la Elizabeth Cervantes comentó que ese tema depende directamente al Hospital Central y recordó que existe un comité de adquisiciones del hospital, donde se debe investigar el destino de los medicamentos comprados. No obstante, la Secretaría de Salud emitió un oficio en el que confirmó que esta supuesta empresa no cuenta con registros ni autorización para comercializar medicamentos oncólogicos y que también facturó al municipio de Rioverde en marzo y abril del 2017.
La auditora titular explicó que al ser registrada la compra de los medicamentos en el año 2016 deja imposibilitada a la ASE para la investigación, a menos de que existiera una instrucción por parte del Congreso.
“Debido a que es parte de la cuenta pública de 2016, sin denuncias no podemos actuar. Solamente es facultad de la Contraloría del Estado”, dijo.
Sostuvo que las instancias facultadas para investigar este escándalo de corrupción al interior del Congreso, sería a través de la Fiscalía Anticorrupción donde se efectúe una posible sanción en caso de que se compruebe que algún legislador actuó con dolo en el cobro de las facturas.
Finalmente, indicó que si bien es cierto que las empresas señaladas cuentan con actas constitutivas y están registradas ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), se tendrá que verificar oficial y físicamente las direcciones fiscales de las empresas mencionadas para que por medio de un acta se registre junto con la Secretaría de Hacienda, si existieron posibles cambios de domicilio que no se actualizaron en las facturas cobradas.
“Lo que se hará será verificar con la Secretearía de Hacienda, si existió un cambio de domicilio en las empresas. Porque muchas veces es que hacen el cambio domiciliario, pero no cambian la dirección en las facturas, y sobre ello sabremos si hubo algún movimiento, si se dio de baja o sigue funcionando”, declaró.
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