Las instituciones aseguradoras no ofrecen o conceden los servicios a las personas con discapacidad, produciendo situaciones de discriminación, a pesar de que se trata de una prestación de organismos privados no están exentas de observar en su actuación cotidiana, criterios contenidos en la legislación para evitar y eliminar la discriminación en México.
Señaló lo anterior la diputada Josefina Salazar Báez quien consideró como prioritario el seguimiento para la aprobación de la iniciativa de reforma a la Ley de las Personas con Discapacidad del Estado y Municipios de San Luis Potosí, que pretende prohibir cualquier tipo de discriminación en contra de personas con discapacidad en el otorgamiento de seguros de vida o de salud.
Por estos motivos, además de estar obligadas (las aseguradoras) conforme a la ley, es posible que al incluir a las personas con discapacidad, puedan beneficiarse más allá de las ganancias económicas, esto se lograría al cultivar una imagen corporativa y por ende, publicitaria de observancia de las leyes, de responsabilidad social y de genuino respeto al principio esencial del mutualismo.
Expuso que prohibir expresamente la exclusión en este aspecto, es un ejercicio de coherencia legislativa y una afirmación del derecho a la salud, “pues como lo ha señalado el Senado de la República, en línea con la total accesibilidad que deben de contar las personas con discapacidad se les debe tomar en cuenta para ofrecerles servicios financieros de cualquier tipo, de acuerdo a sus necesidades”, concluyó.