El proceso de cierre de la Junta Estatal de Conciliación y Arbitraje en San Luis Potosí avanza de manera significativa. Su presidente, Adrián Ibáñez, dio a conocer que actualmente se ha resuelto cerca del 70 por ciento del rezago que mantenía el organismo, tras dejar de recibir nuevas demandas por la entrada en operación del Tribunal Laboral.

“El trabajo se ha vuelto más ágil porque ya no ingresan nuevos expedientes. Ahora nos concentramos en concluir los casos que estaban pendientes en la Junta”, explicó Ibáñez.

El funcionario recordó que las tres juntas especiales con sede en Río Verde, Matehuala y Ciudad Valles se encuentran cerradas desde hace tres años, como parte de la transición hacia el nuevo sistema de justicia laboral. “Es un proceso largo, pero estamos avanzando de manera constante y ordenada”, afirmó.

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De acuerdo con el presidente de la Junta, actualmente se mantienen alrededor de mil 800 casos en trámite y más de 12 mil en etapa de ejecución, que corresponden a asuntos que requieren acciones específicas por parte de las partes involucradas.

“Una gran parte de los expedientes que siguen abiertos están en ejecución y eso depende mucho del actuar de los abogados, tanto de la parte patronal como de los trabajadores. Mientras ellos no promuevan las diligencias necesarias, nosotros no podemos cerrar esos asuntos”, detalló.

Ibáñez señaló que, aunque no existe una fecha límite formal para el cierre total de la Junta, se estima que hacia el final del sexenio se habrá logrado resolver cerca del 90 por ciento de los casos activos.

Sin embargo, recalcó que los tiempos finales dependen de factores externos al organismo, principalmente del avance procesal impulsado por los litigantes.

“Es un trabajo que requiere paciencia, pero vamos por buen camino. La meta es entregar una Junta sin rezago, con todos los expedientes atendidos conforme a la ley”, enfatizó.

Con estos avances, la Junta Estatal de Conciliación y Arbitraje se encuentra en la recta final de su operación, mientras el Tribunal Laboral asume de lleno la atención de nuevas demandas, consolidando así el nuevo modelo de justicia laboral en San Luis Potosí.

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