Para el diputado Rubén Guajardo Barrera, los ayuntamientos deben tener la obligación de llevar a cabo la medida de compensación a las víctimas con cargo a su presupuesto cuando sean responsables de violaciones a los derechos humanos, por ello presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado de San Luis Potosí que propone adicionar un último párrafo al artículo 64 a la Ley de Atención a Víctimas.
Actualmente, en esta la Ley se establece que las víctimas reciban ayuda provisional, oportuna y rápida de los Recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Comisión Ejecutiva Estatal, de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos.
Sin embargo, Guajardo Barrera consideró que pese a este fondo estatal no se tiene un efecto plenamente reparador.
Por ello, señaló el legislador, su propuesta establece que los entes públicos del gobierno de San Luis Potosí, las alcaldías y las instituciones públicas de la entidad que resulten responsables de violaciones a derechos humanos tendrán la obligación de llevar a cabo la medida de compensación a las víctimas con cargo a su presupuesto.
Puntualizó que dicha compensación deberá ser determinada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el plan de reparación integral que corresponda.