Víctimas de los sucesos en la Noria de San José hace dos años, califican a la recomendación emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) como insuficiente e incluso revictimiza y viola los derechos humanos de los afectados, lo anterior lo dieron a conocer en rueda de prensa en el Centro Samuel Ruíz de Derechos Humanos A. C.
Al respecto, una de las víctimas Griselda Haro, habitante de la comunidad a quien con maquinaria pesada le destruyeron su negocio de comida, señaló que se trata de una recomendación “a modo para las autoridades”, porque ni siquiera se especifican los sucesos y los daños que se presentaron en 2016 y mucho menos se incluye alguna reparación del daño, ni siquiera en el ámbito material del patrimonio que perdió por la arbitrariedad de las acciones de la empresa American Industries.
Además, comentó que esta recomendación 7/2018 de la CEDH es muy débil y violatoria de los derechos humanos de las víctimas, porque con un simple escrito de algunas cuartillas pudiera ser aceptada y cumplida por cualquiera de las autoridades involucradas, por lo que se presume “hay un especie de pacto o colusión entre todas las entidades oficiales incluyendo la CEDH para favorecer a la empresa privada y dejar en indefensión a los afectados”.
Por su parte, Ricardo Sánchez presidente de la asociación civil y asesor jurídico de Haro y al menos otras cuatro víctimas del caso , refirió que las recomendaciones se hicieron para que las autoridades pudieran resarcir el daño a las víctimas y en este caso la recomendación emitida hace unos días no garantiza de ninguna manera la reparación del daño.
Indicó que en el texto de la recomendación sólo se incluyen apercibimientos administrativos, verdades de “perogrullo” , no se detallan los sucesos, ni las autoridades responsables, ni los particulares responsables; simplemente maneja con ambigüedad el caso, pero sin que haya la restitución del daño para ninguno de los afectados.
Recordó que también está el caso de Julio César García Meléndez, quien se desempeñaba como asesor jurídico de la Comisión de Atención a Víctimas del Delito y al mismo tiempo trabajaba para American Industries; persona que además incurrió en el delito de usurpación de funciones al hacerse pasar como actuario judicial con la intención de desalojar a los habitantes de sus propias tierras.
Finalmente, recalcó que lo más importante es que se de la restitución del daño, que al menos se hagan cargo de los gastos de los daños materiales así como de los costos de lo que ha implicado el proceso judicial del mismo, por lo que se ha decidido impugnar esta recomendación de la CEDH en los próximos días, “es increíble que todo el poderío que la sociedad entregó al estado para defendernos, incluida la CEDH, lo utilicen en nuestra contra y a favor de una empresa particular en vez de priorizar el bien público y social”, concluyó.
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