En una sesión realizada durante la madrugada del jueves, la Cámara de Diputados aprobó, por mayoría, modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública con el objetivo de otorgar nuevas facultades a una dependencia federal para encargarse de la construcción, equipamiento e instalación de infraestructura hospitalaria.
Bajo este contexto, Manuel Galván Arroyo, presidente del clúster médico en SLP, expresó su postura crítica, al considerar que la decisión refuerza una narrativa política que asocia la edificación de hospitales con la solución a los problemas del sistema de salud, lo cual, aseguró no corresponde con la realidad.
El representante del sector señaló que la iniciativa no contempla recursos adicionales para estas obras, ya que, según lo establecido en el propio proceso legislativo, el financiamiento provendría del presupuesto previamente asignado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
En ese sentido, cuestionó de dónde se obtendrán los recursos necesarios, al advertir que inevitablemente tendrían que reasignarse desde otras áreas.
"El problema estructural del sistema de salud no radica únicamente en la falta de infraestructura, sino en deficiencias persistentes como el desabasto de medicamentos, limitaciones presupuestales y la insuficiencia de personal", comentó.
Añadió que, aunque el presupuesto en salud proyectado para 2026 muestra un incremento en comparación con 2025, este aún se mantiene por debajo de lo ejercido en 2024, lo que, a su juicio, amplía las brechas existentes en la operación de los servicios, particularmente para la población sin seguridad social.
Galván Arroyo también cuestionó la viabilidad de ampliar la cobertura hospitalaria en comunidades pequeñas, al considerar que, por razones geográficas y de costo, no resulta factible llevar infraestructura de este tipo a todas las regiones.
Otro de los puntos que consideró preocupantes es que la responsabilidad de coordinar estos proyectos recaiga en una dependencia cuya especialización no está vinculada al sector salud, sino a obras de infraestructura como carreteras, lo que implicaría retos técnicos, operativos y normativos en la construcción de hospitales, los cuales requieren altos estándares y regulaciones específicas.
Finalmente, advirtió que la implementación de esta reforma podría derivar en un modelo centralizado con implicaciones políticas, al sugerir que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno representará un desafío significativo.
En su opinión, la medida no responde a una solución integral del sistema de salud, sino que podría estar orientada a fines electorales y al manejo poco claro del presupuesto público.