En días pasados, una mujer embarazada acudió a consulta con un ginecólogo del Hospital General de Zona número 6 en Ciudad Valles, San Luis Potosí, quien le diagnosticó pelvis reducida y desproporción cefalopélvica por producto macrosómico, por lo cual determinó practicar una cesárea.
Sin embargo, un día antes de lo programado, la mujer acudió al área de urgencias gineco-obstétricas con dolor lumbar y abdominal. Otro médico la atendió, pero sin tomar en cuenta sus antecedentes médicos, como una ruptura uterina previa, estableciendo que debía ser sometida a trabajo de parto.
Por la noche, el médico que la trató se dio cuenta de la disminución de la frecuencia cardíaca, ruptura uterina y otras complicaciones en la salud de la paciente, por lo que solicitó trasladarla al quirófano para practicarle una cesárea urgente por sufrimiento fetal agudo, lapso en el que la víctima perdió el conocimiento. Al despertar la mujer, se le informó que su bebé había sufrido muerte cerebral.
Debido a la ruptura uterina, la bebé no registró frecuencia cardíaca, por lo que fue ingresada al servicio de cunero patológico en estado clínico grave. Catorce días después de su nacimiento, presentó insuficiencia respiratoria y murió.
Ante dicha situación, la mujer presentó una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dicho organismo emitió una recomendación dirigida al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Tuffic Miguel Ortega, por inadecuada atención médica que derivó en el fallecimiento de una recién nacida en la entidad y por violencia obstétrica al recibir la paciente malos tratos y comentarios ofensivos por parte del personal del hospital.
Además, la CNDH también dirige la recomendación a la Fiscalía General de San Luis Potosí (antes Procuraduría), porque los agentes que integraron la averiguación previa omitieron declararse incompetentes y turnar el caso a la Procuraduría General de la República (PGR), al estar involucrado un servidor público federal.
vkc
