Con 25 votos a favor y cero en contra, el pleno del Congreso de San Luis Potosí aprobó diversas reformas a la Constitución del Estado, a la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado y otros ordenamientos, que entre otras cosas dan luz verde a la creación de la nueva “Guardia Civil” que sustituirá a la actual policía de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.
Ante la presencia de representantes del ejecutivo estatal como el secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez; el secretario de Seguridad Pública local, Gúzmar Ángel González Castillo, así como también el fiscal General del Estado, José Luis Ruíz Contreras, se dio la aprobación de esta reforma en materia de seguridad pública, respecto de la cual todas las fuerzas políticas representadas en la legislatura externaron su posicionamiento a favor.
Cabe destacar que por la magnitud de las reformas y modificaciones que se hicieron a la Carta Magna estatal, es decir una reforma de tipo constitucional, para quedar plenamente aprobada tendrá que pasar por los 58 cabildos de los 58 municipios de San Luis Potosí erigidos en el constituyente del estado y en caso de ser avaladas, pasará al Ejecutivo para su publicación.
Al respecto de esta reforma, el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona agradeció a la legislatura local por haber dado un trámite rápido a propuesta del Ejecutivo, toda vez que señaló, que es en favor de todos los potosinos. Asimismo recalcó que se trata de una transformación completa de todo el sistema estatal de seguridad pública “no es un mero cambio de nombre”.
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Gallardo Cardona hizo hincapié en que habrá un mayor y mejor equipamiento, tanto en vehículos como en uniformes, pero sobre todo en materia de armamento para que se pueda hacer frente al poder de fuego que hoy en día maneja la delincuencia.
El gobernador destacó que quienes integren al nueva Guardia Civil tendrán que contar con una excelente capacitación que se hará de manera continua, no sólo en la materia de seguridad pública, sino también en el tema del respeto irrestricto a los derechos humanos.