En respuesta a los amparos interpuestos por la colectiva ILE, el Congreso de San Luis Potosí aprobó las reformas a la Ley de Salud del Estado para garantizar el acceso a una interrupción del embarazo de forma legal y segura, pues con ello las instituciones de salud están obligadas a atender las solicitudes de aborto.
La Colectiva ILE, la red de acompañamiento Las Compás y el Colectivo Marea Verde de San Luis Potosí informaron que esto es un importante triunfo en la lucha por los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes en el estado.
“Recientemente, el Pleno del Congreso del Estado aprobó una reforma a la Constitución local, emitida por el Juzgado Tercero de Distrito”, explicaron en su publicación.
Así mismo, comentaron que, además se incorporaron nuevos artículos en la Ley de Salud estatal, los artículos 58 BIS y 58 TER, que establecen garantías y parámetros de calidad para el acceso al servicio de interrupción legal del embarazo.
“Es un avance significativo para la protección de los derechos humanos en San Luis Potosí, en cumplimiento de estándares internacionales y resoluciones judiciales federales”, destacaron.
Los grupos expresaron confianza en que el gobernador del estado no vetará las reformas, pese a las presiones de algunos sectores religiosos.
“Estos cambios no dependen de la voluntad del Ejecutivo, sino de una resolución del Poder Judicial de la Federación. Además, son un compromiso del Estado mexicano bajo el principio de convencionalidad constitucional”, subrayaron.
Sin embargo, las colectivas señalaron que aún quedan pendientes en el ámbito legislativo. Entre las prioridades destacan las iniciativas 443 y 495, presentadas por la Colectiva ILE, que buscan ampliar las excluyentes de responsabilidad y reconocer la negación y obstaculización del acceso a la interrupción legal del embarazo como una forma de violencia reproductiva.
Estos artículos, entre otras cosas, son los encargados de obligar a las instituciones de salud pública a atender las solicitudes de interrupción del embarazo de todas las mujeres y personas gestantes solicitantes, aún cuando cuenten con algún otro servicio de salud público o privado.