Después de una batalla legal que duró alrededor de cuatro años, este martes el Congreso de San Luis Potosí le tomó protesta a Adriana Monter como magistrada supernumeraria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), esto luego de que el Poder Ejecutivo la presentara de nueva cuenta en la terna correspondiente, acatando la resolución final que dictó un juzgado federal que ordenó restituirle sus derechos.
Desde 2017 la hoy magistrada de nueva cuenta debió ser ratificada en su cargo por el Congreso del estado; sin embargo, fue víctima de violencia de género y laboral al interior del Poder Judicial de la entidad, denunciando incluso ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) al entonces presidente Juan Paulo Almazán Cué.
Monter Guerrero fue degradada de su cargo y arguyó haber sido víctima de violencia constante a sus derechos laborales, por lo que emprendió su defensa legal, siendo hasta finales del 2020 cuando el Poder Judicial de la Federación comenzó a emitir resoluciones a su favor, en la más reciente ordenó al Congreso estatal favorecerla para ostentar el cargo como magistrada supernumeraria.
Entonces, este martes, en sesión extraordinaria, el pleno del Congreso potosino eligió a la licenciada Adriana Monter para el periodo comprendido del 16 de octubre el 2017 al 15 de octubre del 2023, en los términos del artículo 98 de la Constitución Política de esta entidad.
Con la presencia de Jorge Daniel Hernández, secretario General de Gobierno y representante del Poder Ejecutivo, y Olga Regina García, magistrada presidenta del Poder Judicial del estado, el Congreso de San Luis Potosí llevó a cabo este periodo extraordinario de sesiones.
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