Con 18 votos a favor, una abstención y siete votos en contra, el Pleno del Congreso del Estado aprobó la minuta con proyecto de decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de consulta popular y revocación de mandato, enviada por el Congreso de la Unión.
Los votos en contra fueron de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) y del diputado Edgardo Hernández Correa, quienes utilizaron la tribuna de manera individual para expresar su voto en contra y los argumentos de este.
Por ejemplo, la panista Sonia Mendoza Díaz consideró que aprobar las reformas a la Constitución dejaría en desventaja a otros actores políticos que buscarán participar en procesos electorales y mantendría en campaña constante al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Asimismo, Ricardo Villarreal Loo, del partido blanquiazul, equiparó esta reforma -propuesta del gobierno federal- con lo ocurrido en Bolivia, en donde el expresidente Evo Morales expuso al inicio de su encargo que buscaría consultar al pueblo su continuación en el poder.
También José Antonio Zapata Meraz criticó cuestiones de implementación de los mecanismos de consulta popular y revocación de mandato, como la recolección de firmas y votos necesarios para su validez, por lo que la asemejó con la denominada “Ley Bonilla” que permitió ampliar el mandato del gobernador Jaime Bonilla Valdez de dos a cinco años en Baja California, con el aval del Congreso local.
La abstención fue del diputado Óscar Carlos Vera Fábregat, pese a que se manifestó en contra de esta propuesta.
La minuta proveniente del Congreso de la Unión fue remitida a los 23 congresos estatales porque requiere de la validez de al menos 17 de ellos para entrar en vigencia.
Con esta decisión el Congreso del Estado se suma a la lista de entidades que otorgan el aval al planteamiento que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 35, 36, 41, 81, 84, 99, 116, y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de consulta popular y revocación de mandato.
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