La relación laboral entre México y Estados Unidos bajo el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) volvió a ponerse sobre la mesa en San Luis Potosí.
Este lunes, Sandy Pérez Rossiu, agregada laboral del Consulado de Estados Unidos en Monterrey, sostuvo un encuentro con el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado, Crisógono Sánchez Lara, para analizar avances y retos en materia de derechos laborales y libre asociación sindical.
Pérez Rossiu destacó que San Luis Potosí es un estado estratégico por el volumen de intercambio comercial por la presencia de empresas internacionales en sectores como el automotriz y manufacturero. “El objetivo es verificar que se cumplan los compromisos laborales del T-MEC, en paralelo con la reforma laboral mexicana y asegurarnos de que tanto empleadores como trabajadores y sindicatos conozcan sus derechos y obligaciones”, expresó.
La funcionaria explicó que Estados Unidos cuenta con un equipo de cinco agregados laborales en el país: tres con sede en la Ciudad de México, uno en Tijuana y ella en Monterrey, con cobertura para entidades del Bajío, incluido San Luis Potosí.
“Parte de nuestra labor es visitar a los estados, dialogar con empresas y sindicatos, y detectar posibles riesgos que puedan derivar en quejas bajo el mecanismo de respuesta rápida”, señaló.
- El mecanismo de respuesta rápida
De acuerdo con Pérez Rossiu, este instrumento permite a los gobiernos actuar de manera inmediata cuando se denuncia violación a la libertad sindical o a los derechos de los trabajadores en una planta. “Lo que hacemos es revisar los casos, hablar con las partes involucradas, reunir información y reportarla al Comité Interinstitucional Laboral de Estados Unidos, que analiza si procede o no la queja”, detalló.
En San Luis Potosí, recordó, ya se resolvió un caso previo bajo este mecanismo en una empresa internacional, aunque hay nuevas quejas en proceso de revisión, sobre las que no pudo dar mayores detalles por encontrarse bajo análisis oficial.
La agregada explicó que la mayoría de los señalamientos registrados en el país giran en torno a la restricción de la libertad de asociación y a casos de injerencia patronal en la vida sindical. “Algunas compañías quizá lo hacen sin darse cuenta, otras con conocimiento; en ambos casos puede derivar en sanciones o procesos internacionales”, apuntó.
Sobre el porvenir del mecanismo laboral en el marco de la renegociación del T-MEC prevista para 2026, Pérez Rossiu fue cautelosa, pero afirmó que el tema laboral seguirá siendo prioritario para ambas naciones. “No hay certezas sobre el resultado, pero tenemos claro que los gobiernos buscan fortalecer este componente; es un asunto que va a seguir siendo central”, indicó.
Así mismo agregó que este tipo de reuniones con autoridades estatales y empresariales permiten no solo compartir buenas prácticas para evitar conflictos, sino también escuchar directamente a las compañías sobre sus desafíos. “Queremos que cuenten con herramientas para cumplir con la ley y no se expongan a riesgos innecesarios de queja internacional”, concluyó.
Con más de dos décadas de intercambio comercial robusto y casos recientes bajo el T-MEC, San Luis Potosí sigue en la mira del monitoreo laboral de Estados Unidos, que adviertió: la relación económica no está desligada de los compromisos en materia de derechos de los trabajadores.