Las arcas del estado de San Luis Potosí se encuentran en problemas, puesto que ante la emergencia generada por la contingencia sanitaria del Covid-19 se decidió enfocar la mayor cantidad de recursos posibles a atender esta situación, dejando “desprotegidos” otros sectores. Lo cual, se buscó solventar a través de la reestructura de la deuda pública estatal, sin embargo, en una primera instancia el Congreso del Estado rechazó esta posibilidad.
Aunque nunca se detalló específicamente cuáles y cuántos fueron los recursos financieros que tuvieron que redirigirse, el gobierno estatal dio a conocer que como parte del plan de reconversión de hospitales, el equipamiento, medicamentos, insumos, la adquisición de pruebas, los apoyos económicos y en especie que se han otorgado a la población, se tuvo que hacer este ajuste en el presupuesto 2020 del estado.
No obstante, aunque inicialmente se dijo que todo esto se había hecho sin la necesidad de solicitar ningún tipo de crédito, meses después trascendió la posibilidad de hacerlo, lo cual, fue rechazado por gran parte de los actores políticos del estado. Tiempo después, la solicitud que finalmente hizo la Secretaría de Finanzas al Congreso del Estado fue de una reestructura de la deuda actual y no un nuevo crédito.
Según el gobierno estatal, esta reestructura lo que busca es una moratoria para no pagar hasta el final de su administración los intereses que se están pagando por la deuda estatal, lo que liberaría aproximadamente 500 millones de pesos para el estado, sin embargo a su vez estaría extendiendo el periodo del pago de la deuda a un plazo de 18 años, es decir, al menos tres administraciones gubernamentales futuras.
A pesar de las gestiones del propio gobernador del estado Juan Manuel Carreras López y la exposición que personalmente les hizo a los legisladores, el titular de la Secretaría de Finanzas, Daniel Pedroza Gaitán, los diputados locales rechazaron en una primera instancia la propuesta por lo que fue desechada en la comisión legislativa de hacienda del estado, pero aún falta ser analizada por la comisión de gobernación y en su caso poder discutirla y aprobarla, rechazarla o regresar a comisiones el dictamen en sesión de pleno.
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El titular de la Secretaría de Finanzas, Daniel Pedroza lamentó que se haya rechazado en primera instancia y dijo que al parecer están prevaleciendo criterios de tipo “político” y no técnicos entre los legisladores, ante la inminencia del inicio del proceso electoral, por lo que aseveró que de concretarse la negativa, será un duro golpe a las finanzas estatales, puesto que además de todo el Gobierno de México ya les adelantó que habrá una disminución en los presupuestos para los estados para 2021.
Lo último, ha sido que Pedroza Gaitán ha dejado entrever un “plan B”, el cual consistiría en buscar directamente un periodo de gracia con el banco con el cual se está pagando la deuda pública, lo que no requiere de la aprobación del legislativo, pero tampoco liberaría los 500 millones de pesos pretendidos, sino que en el mejor de los casos se obtendrían unos 200 millones y sin la moratoria hasta final de sexenio, sino que solo sería de seis meses en caso de lograr el acuerdo con la institución financiera.