Después de la polémica que escaló incluso a nivel nacional, tanto en medios formales como en las redes sociales al respecto del virtual diputado local electo, Pedro Carrizales Becerra mejor conocido como “El Mijis” por ser representante de los llamados “chavos banda” por sus “tatuajes”, el caso estaría siendo remitido al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).
A este respecto, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) Jorge Andrés López Espinosa, lamentó que haya sucedido esto y recalcó que el primer artículo de la Constitución Mexicana recuerda que está prohibida cualquier tipo de discriminación hacia cualquier persona por lo que hizo el llamado en general a respetar y evitar comentarios de esta naturaleza.
Dijo además que desafortunadamente la CEDH no podría abrir una investigación al respecto, porque sólo tiene facultades para emitir recomendaciones a instituciones gubernamentales y en este caso la mayoría de las agresiones han sido por parte de particulares en las redes sociales, lo que si se va a hacer es darle vista a la CONAPRED.
Por otro lado, Ulises Valencia Gordillo subsecretario de derechos humanos y asuntos jurídicos del gobierno del estado, señaló que las críticas a “El Mijis” son signos de discriminación que corresponden más al siglo pasado que a la sociedad que vivimos en la actualidad “al menos no en un estado que se precia de ser democrático como el estado mexicano en su conjunto”.
Aseveró de igual forma que sea un ciudadano de a pie o un diputado, no se puede discriminar a nadie por ninguna causa “sea el presidente de la República o el jornalero más humilde”, por lo que es inaceptable que existan este tipo de prejuicios. Al menos en el gobierno del estado no vamos a tolerar y mucho menos promover situaciones de esta naturaleza”.
Finalmente, indicó desconocer si es verdad que tiene antecedentes penales o no, pero tal como lo señala la ley, si nunca se le dictó ninguna sentencia en firme es inocente como cualquier otra persona e incluso si resultó culpable y si compurgó su pena con cárcel, tampoco se le pueden coartar sus libertades y tiene a salvo todos sus derechos políticos para ocupar un cargo de elección popular, porque “todos tenemos derecho a la rehabilitación y a la reinserción social aun y cuando cometimos errores en el pasado, aunque creo que ni siquiera este es el caso”.
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