La Secretaría de Salud de Gobierno del Estado (SSA) deberá dar a conocer al Poder Legislativo un informe sobre la aplicación de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046, que permite la interrupción del embarazo en caso de violación y la garantía de acceso al procedimiento con apoyo de personal no objetor de conciencia.
Esto a través de un punto de acuerdo promovido por la legisladora Alejandra Valdés Martínez y aprobado por 19 votos a favor y cinco abstenciones.
La diputada fundamentó el punto de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en los que San Luis Potosí se encuentra dentro de las 13 entidades que se ubican por encima de la media nacional en la proporción de mujeres en situación de violencia severa y muy severa con 67.2 por ciento, pues del 39 por ciento de las mujeres que dijo sufrir violencia de pareja, el 42.1 por ciento sufrió violencia severa y 25.1 por ciento violencia muy severa.
Este punto de acuerdo subraya que desde hace un par de años, seis municipios de San Luis Potosí cuentan con declaratoria de Alerta de Violencia de Género activada por lo que resulta fundamental conocer el estado que guarda la implementación de la NOM-046 en materia de violencia sexual contra las niñas y las adolescentes en el estado de San Luis Potosí.
Esto debido a que entre las medidas de justicia y reparación que propuso la CONAVIM (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres) a la hora de emitir la declaratoria de Alerta de Violencia de Género, solicitó con carácter de indispensable llevar a cabo un mapeo de los delitos cometidos en contra de mujeres, particularmente de los feminicidios, homicidios dolosos de mujeres y violencia sexual.
En este sentido, destaca que contar con datos duros, relacionados con la implementación de estrategias en materia de salud sexual, otorgará un panorama de la atención a víctimas y de que tanto se permite a las mujeres víctimas de violencias sexual acceder a interrupciones libres, informadas y sin criminalización, lo cual es un derecho sexual de todas las mujeres.
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