La Asociación Civil Fe y Esperanza que encabeza la profesora María del Rosario Torres Mata denunció la falta de capacidad para aplicar la ley correctamente en el estado por parte de algunos jueces que omiten los derechos contemplados a través de la Ley de Desaparición Forzada y Personas Desaparecidas, así como la de Protección a las Familias de las Víctimas, al omitir derechos en el caso de la esposa de un hombre desparecido en el 2011.
La quejosa señaló que el juez sexto de distrito en San Luis Potosí, Enrique Acevedo Mejía, negó el derecho a la esposa de obtener un amparo provisional para evitar perder su patrimonio, es decir una casa que obtuvo su esposo a través de un crédito hipotecario.
Dijo que el juez utilizó un tecnicismo legal para argumentar que el esposo no tiene facultad como desparecido sino como ausente, y que por lo tanto el procedimiento que la institución bancaria pretende aplicar para despojarla de su casa debe seguir.
La profesora señaló que el juez no conoce o “se hace tonto” respecto a la ley que ampara a los familiares de las víctimas para protegerlos en este tipo de casos, por lo que aseguró que el caso será llevado si es preciso ante la Suprema Corte de Justicia para que se reconozca el derecho de las personas.
Aseguró que los jueces en San Luis Potosí viven una realidad diferente a la que sufren las víctimas, ya que sus ingresos son altos y no les preocupa lo que pase con las personas que han sufrido la desaparición de un familiar, además de que buscan favorecer los intereses de quienes ostentan el dinero, como es en este caso una institución bancaria.
Alerto a la población a tomar medidas preventivas en caso de que enfrenten una situación similar y conocer sus derechos, con el fin de que no se vean afectados por las decisiones de quienes imparten justicia.
sergio.marin@clabsa.com.mx
apl