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Los representantes del gremio periodístico denunciaron que ninguno de los tres funcionarios que han sido designados para integrar la Unidad Estatal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, tienen conocimientos o experiencia en derechos humanos ni perspectiva de género.
Ayer jueves 13 de octubre durante la sesión de Congreso se aprobaron por mayoría los perfiles de la licenciada Diana Nohemí Loyola González, quien será la representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas fue designado el Maestro Juan Carlos Ballín Rodríguez y por último, José Roberto Reyna Sánchez fue designado por la Secretaría General del gobierno estatal, como nuevo coordinador de la Unidad, en sustitución de Verónica Onofre Serment.
María José Puente Zavala y Samuel Estrada, representantes del gremio periodístico al interior del Mecanismo Estatal de Protección al Ejercicio de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, señalaron en un comunicado oficial que ninguno de estos tres funcionarios cumple con lo que marca la ley para que sean parte de la Unidad Estatal.
“… el Capítulo III que se refiere a la Unidad Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en su artículo noveno señala que además de que los funcionarios integrantes de dicha unidad tienen que contar con el nivel correspondiente al de una Dirección General, en su párrafo segundo expone que las personas integrantes de la Unidad Estatal deberán contar con conocimientos y experiencia comprobable en la materia de Derechos Humanos y Perspectiva de Género, situación que, en nuestro criterio, no cumplen ninguna de las tres personas que hoy fueron votadas.”, puntualizan en su pronunciamiento por estas designaciones.
Los representantes del gremio periodístico revisaron los currículum vitae de cada uno lo que hizo darse cuenta que no cumplen con el perfil solicitado. Para la conformación de esta Unidad Estatal no se puede esperar que el compromiso del nombramiento les haga aprender lo necesario, se exige que se comienza a respetar la labor de las personas defensoras y periodistas, en primer lugar, acatando las leyes y segundo, “nombrar a personal realmente capacitado y con experiencia en estos temas, no solamente a partir de diplomados o talleres presuntamente acreditados a última hora, para poder tener algo de conocimiento documentado sobre temas que, por su importancia, merecen algo más que perfiles improvisados o con experiencia pero en otras áreas.”
