Las denuncias por presuntos abusos sexuales contra niñas, niños y adolescentes atribuidos a un sacristán de la capilla de Santa María de Guadalupe, en la colonia Prados, Segunda Sección, en Villa de Pozos, San Luis Potosí, podrían llegar hasta el Vaticano.
De acuerdo con un posicionamiento difundido por la abogada y activista Marilú González Martell, (quien acompañan a las familias denunciantes), durante la reunión con el arzobispo de San Luis Potosí, Jorge Alberto Cavazos Arizpe, se les informó que el asunto ya está siendo atendido por la institución religiosa y que se dará continuidad a las acciones necesarias para esclarecer lo ocurrido.
La abogada Marilú González Martell mencionó que en el encuentro se sostuvo que el caso podría llegar a Roma, Italia, para que sea conocido por las autoridades correspondientes de la Iglesia, con la finalidad de establecer mecanismos de colaboración con las víctimas y las instancias competentes.
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Las familias indicaron que también se exigió trabajar en conjunto para ubicar a un sacerdote y al sacristán José Pompeyo "N", quien, según testimonios de vecinos, se le vio salir de su vivienda hace unos días con maletas. Hasta la fecha se desconoce su paradero.
Asimismo, las familias señalaron que el seguimiento eclesiástico no sustituye las acciones que corresponden a las autoridades de procuración de justicia.
Por lo que insistieron en que deben intensificarse los esfuerzos para localizar a José Pompeyo "N" y analizar la posibilidad de solicitar prisión preventiva, conforme a lo establecido por la ley.
También pidieron que las autoridades agilicen las acciones para dar con las personas señaladas y que el proceso avance sin distinciones por la posición o jerarquía que tuvieran dentro de la Iglesia.
Enfatizaron que “las niñas, niños y adolescentes que hayan sufrido alguna agresión puedan acceder a la justicia, reciban protección y tengan la certeza de que sus testimonios serán escuchados”.
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El caso salió a la luz luego de que madres de familia acudieron al Arzobispado de San Luis Potosí para denunciar presuntos abusos sexuales cometidos contra sus hijos por quien se desempeñaba como sacristán en la capilla de Santa María de Guadalupe.
En ese momento, Lucila Olguín Segura, integrante de la Comisión Diocesana de Protección a Menores y Personas Vulnerables y responsable de recibir las denuncias, confirmó que la Arquidiócesis había iniciado una investigación y puesto en marcha el protocolo de actuación correspondiente.
La representante informó que inicialmente se recibió a dos madres de familia, quienes acudieron para exponer lo que sucedió con sus hijos. No obstante, advirtió que, por lo relatado durante los encuentros, podrían existir más menores afectados por la misma persona.
Indicó que el presunto culpable había dejado sus funciones desde la semana anterior, sin explicar públicamente los motivos de su salida.
En ese momento, la Arquidiócesis ofreció brindar acompañamiento jurídico, psicológico y espiritual a los menores y sus familiares, además de dar seguimiento a las acusaciones, pues se estima que podrían existir casi una decena de casos.
Las familias y quienes acompañan las denuncias sostuvieron que continuarán presionando para que los hechos sean investigados y se garantice protección a las posibles víctimas.