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La colectiva ILE presentó un balance sobre la situación de la interrupción legal del embarazo en la entidad, a un año de la reforma que eliminó las sanciones penales para la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las primeras 12 semanas. Aunque celebran este hito histórico en la garantía de derechos reproductivos, advirtieron que aún queda mucho por avanzar para lograr una accesibilidad real y plena.
Según explicaron, su investigación se desarrolló a través de dos líneas de acción: una solicitud de transparencia dirigida a los Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí (SSES) y visitas a hospitales públicos de la zona metropolitana para contrastar los datos obtenidos.
Del análisis entregado el 22 de octubre al recibir la respuesta institucional, se desprenden hallazgos relevantes: por ejemplo, la SSES reportó nueve hospitales o unidades médicas en el estado que brindan el servicio, número que contrasta con la información pública difundida previamente sobre al menos diez unidades pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
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La colectiva interpretó que esta disparidad indica que muchas instituciones promocionadas no están operando, lo cual deja sin acceso a personas gestantes en al menos nueve municipios.
Entre esas nueve unidades se encuentra el Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez, operado bajo el sistema IMSS-Bienestar. Sin embargo, al acudir personalmente, el colectivo constató que el personal negó la prestación del servicio, pese a que en teoría debería ofrecerlo. La razón: prevalecía una mayoría de objetores de conciencia que se negaban a realizar el procedimiento.
Otro dato que preocupa es el nivel de objeción de conciencia en hospitales clave. En el Hospital General de Ciudad Valles se reportan 17 profesionales entre médicos y enfermeros, de los cuales 10 se declararon objetores.
Y en el conjunto de 107 plazas médicas identificadas en todas las unidades habilitadas, se halló que 17 puestos son ocupados por personal no objetor, lo que obliga a que casi una de cada tres personas en hospitales clave puedan negarse al servicio, dificultando el acceso efectivo.
Otra zona crítica: el hospital comunitario de Tamuín no especificó datos sobre su personal, lo cual agrava el problema de la falta de información pública.
Respecto al registro de interrupciones desde la reforma, el colectivo llama la atención sobre la disparidad entre la legalidad y los datos oficiales: de acuerdo con la SSES, entre el 7 de noviembre de 2024 y el 22 de septiembre de 2025 se registraron 132 interrupciones del embarazo; el 100 por ciento de esos casos fueron por causas médicas de las cuales 127 por riesgo a la salud de la persona gestante y 5 por malformación congénita.
No se reportó ningún procedimiento bajo la causal de interrupción voluntaria, lo que contrasta con testimonios de mujeres que sí solicitaron el servicio en esa modalidad.
Adicionalmente, en la solicitud de transparencia se solicitó el número de quejas o denuncias presentadas por el servicio de Interrupción del embarazo sin embargo, esa parte fue omitida por la dependencia, lo que dificulta conocer la experiencia real de las usuarias del servicio. Ante ello, el colectivo presentó un recurso de revisión ante la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública de San Luis Potosí (CEGAIP).
También señalaron que las dos iniciativas ciudadanas que presentaron en noviembre de 2024, para ampliar causales de intercambio legal del aborto y modificar la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para incluir negación del servicio como forma de violencia institucional, siguen sin dictaminarse en el Congreso estatal.
En palabras de las activistas: “Hoy celebramos que podemos decidir sobre nuestros propios cuerpos, sin embargo nos resta mucho camino por recorrer para que el acceso de nuestros derechos reproductivos sea una garantía real”.
Este informe de la colectiva expone que, pese al avance legal, la implementación aún se encuentra rezagada y que las barreras institucionales, la falta de difusión, la resistencia del sistema de salud y los vacíos de información siguen obstaculizando el ejercicio efectivo del derecho a decidir en San Luis Potosí.
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