El colectivo Marea Verde en San Luis Potosí manifestó su rechazo a la iniciativa presentada en el Congreso del Estado para instaurar el 25 de marzo como el “Día de la Niña y el Niño por Nacer”, propuesta promovida por la diputada Ma. Sara Rocha Medina y que ya fue avalada en comisiones.
A través de un posicionamiento, el movimiento advirtió que esta medida no representa únicamente un acto conmemorativo, sino que responde a una postura política e ideológica que, aseguraron, ha sido impulsada durante años por grupos conservadores bajo el argumento de “defender la vida”.
De acuerdo con el pronunciamiento, la iniciativa utiliza espacios institucionales para desacreditar y estigmatizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su cuerpo y su proyecto de vida.
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Las integrantes del colectivo señalaron que les preocupa que desde el Poder Legislativo se promuevan discursos que, consideran, ignoran los avances alcanzados tanto a nivel nacional como internacional en materia de derechos sexuales y reproductivos, particularmente aquellos relacionados con el acceso al aborto y el derecho a decidir desde una perspectiva de salud pública, autonomía y derechos humanos.
Asimismo, sostuvieron que establecer oficialmente un día dedicado “al no nacido” no contribuye a resolver las problemáticas que enfrentan niñas y adolescentes en San Luis Potosí, como la violencia, la falta de acceso a servicios de salud, educación sexual integral, métodos anticonceptivos o condiciones dignas para una maternidad deseada.
Por el contrario, afirmaron que este tipo de propuestas fortalecen narrativas que buscan responsabilizar socialmente a quienes interrumpen un embarazo y envían un mensaje de rechazo simbólico hacia quienes ejercen un derecho reconocido.
El Frente también cuestionó que la propuesta provenga del Partido Revolucionario Institucional, al considerar que existen pendientes históricos con las mujeres y personas gestantes, mientras que actualmente, aseguraron persisten obstáculos para acceder a servicios de aborto seguro, casos de violencia obstétrica, criminalización social y embarazos forzados en niñas.
Finalmente, el colectivo reiteró que el aborto debe ser reconocido como un derecho humano y exigió al Congreso del Estado legislar en favor de la garantía de derechos y no, señalaron, de agendas que consideran contrarias a los derechos reproductivos.