Diputado engañó a Casa Hogar con entrega de cobijas

Como diría el dicho “de tal palo tal astilla”, en agosto del año pasado el diputado Enrique Alejandro Flores Flores dejó su cargo como diputado del Congreso del estado, luego de verse involucrado en un videoescándalo publicado días anteriores, donde se evidenció una red de corrupción coloquialmente llamada la “ecuación corrupta”, al solicitar licencia, su suplente Jorge Luis Miranda Torres tomó protesta como legislador.

Desde el inicio, Miranda Torres se deslindó de Flores y de cualquier tipo de corrupción, emanado también del Partido de Acción Nacional (PAN), juró y perjuró ante medios y ciudadanía en general que él era diferente, que siempre se había comportado con honestidad y que así seguiría, lamentablemente y ahora gracias a la investigación de Ciudadanos Observando se hace evidente que es igual que todos los demás, siguió fielmente el ejemplo de sus compañeros diputados.

Resulta que el 5 de diciembre de 2017, Miranda pagó una factura por más de 47 mil pesos a nombre de Brian Geovani Rubio Hernández; de acuerdo al documento realizó la compra de 10 paquetes con 20 cobijas cada uno, es decir, 200 piezas a un costo individual de 235 pesos, cobijas que habría de entregar a la Casa Hogar “Corazón de Misericordia A. C.” ubicado en el Barrio de San Sebastián en la capital potosina.

Sin embargo, Ciudadanos Observando se pudo entrevistar con Petra Ramírez Neri, quien firma la solicitud y es la tesorera de la mencionada Casa Hogar para niños, Ramírez explicó que en efecto Miranda Torres acudió a sus instalaciones y amablemente entregó cobijas, pero sólo fueron 24 “ni siquiera alcanzaron para todos los niños que son 26”, de ninguna manera 200 como se menciona en la factura.

Asimismo Miranda Torres también hizo varias gestiones y facturas para otras situaciones que han resultado ser falsas, como el caso de refacciones y material para construcción, ayudas que nunca llegaron a sus presuntos beneficiarios e incluso que cuyos proveedores ni siquiera existen, como es el caso del proveedor de las cobijas, quien resulta que no es dueño de ningún negocio y se trata más bien de un trabajador asalariado que puede estar siendo también víctima en este caso de fraude de parte de un legislador.

gpl