Hacer públicas las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales sólo cuando los funcionarios lo autoricen, es la pretensión de los congresistas integrantes de la comisión legislativa de Puntos Constitucionales, a través de una iniciativa de ley que se presentará este jueves 21 de marzo en sesión de pleno.
La propuesta de reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado busca la modificación del artículo 86 de la citada ley, adicionando un párrafo que deja en los servidores públicos la decisión de hacer o no pública su declaración de intereses, fiscal y patrimonial.
Esta iniciativa es contraria a la búsqueda de transparencia y rendición de cuentas que en su momento inició la plataforma #3de3 a nivel nacional, que incentiva a los funcionarios públicos a hacer pública y sujeta a consulta la información sobre su situación patrimonial, sobre el estatus que guarda en el pago de sus impuestos, y sobre los temas en los que no podrían participar u opinar por tener conflictos de intereses. Incluso mediante una propuesta legislativa se buscó convertir en ley esta exigencia ciudadana.
Los congresistas que apoyan esta iniciativa y se agregan como proponentes de la misma son Beatriz Benavente Rodríguez, Paola Alejandra Arreola Nieto, Sonia Mendoza Díaz, María Isabel González Tovar, Cándido Ochoa Rojas, Héctor Mauricio Ramírez Konishi y Edson de Jesús Quintanar Sánchez.
A inicios de sus funciones la LXII Legislatura fue señalada debido a que en las versiones públicas de sus declaraciones patrimoniales aparecían testados (ocultos) datos como su sexo, ingresos adicionales y otros datos privados, sin embargo, esta información se ocultó por acuerdo del Comité de Transparencia del Poder Legislativo.
De acuerdo a la plataforma Congreso Calificado, de los 27 legisladores solo 5 diputados han publicado su declaración #3de3 en el portal oficial de esa herramienta: www.3de3.mx. José Antonio Zapata Meraz (PAN), Jesús Emanuel Ramos Hernández (PRD), Martín Juárez Córdova (PRI), Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez (PRI) y Rubén Guajardo Barrera (PAN), pese a que por ley están obligados a hacerlo.
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