En Sesión Ordinaria fue aprobado por 22 votos a favor, el Punto de Acuerdo, que exhorta a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, y a los integrantes de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, para que en la propuesta del Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020, se prevea el presupuesto específico correspondiente a la Secretaría Ejecutiva como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.
El punto de acuerdo fue presentado por el diputado Martín Juárez Córdova.
También, exhorta a ambas instancias para que en el presupuesto de Egresos del Estado para 2020, se prevean recursos, debidamente etiquetados, al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, a través de la Secretaría Ejecutiva, para que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana puedan cumplir con sus objetivos y fines, requiriéndose los recursos financieros solicitados para contar con una estructura operativa y la realización de sus atribuciones.
En su exposición de motivos, el legislador señala que resulta necesario fortalecer la participación ciudadana en el quehacer público del ataque a la corrupción, a través de la planificación presupuestaria para el año 2020, previendo la existencia de presupuesto necesario y debidamente etiquetado para que los integrante del Comité de Participación Ciudadana, puedan contar con recursos materiales, publicidad de acciones en medios masivos de difusión, recursos humanos, presupuesto para la implementación de foros locales y regionales, presupuesto para la creación y mantenimiento de Comités de Participación Ciudadana en los 58 municipios del estado, por decir, lo menos, como lo han estado solicitando desde el año 2018.
Estos, sin duda son conceptos que abonan al funcionamiento y objetivo del Comité de Participación Ciudadana, que es “establecer los principios, bases generales y de procedimientos, para garantizar que los ciudadanos cuenten con un Sistema Estatal que prevenga, detecte, investigue y vigile que se sancionen los actos y hechos de corrupción, así como ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias en contra de la corrupción.