La LXI Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí sigue acumulando denuncias en contra de sus integrantes por presuntas irregularidades detectadas en el manejo y comprobación de gasto del recurso público, presunto usurpación de identidad y uso de facturas falsas son los actos más frecuentes.
A la fecha los diputados potosinos acumulan 19 denuncias presentadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado por presuntas víctimas de usurpación de identidad, es decir por personas cuyos nombres fueron utilizados para la comprobación de entrega de apoyos legislativos que de acuerdo a los denunciantes, nunca recibieron.
Otras irregularidades, por al menos de 30 millones de pesos, han sido notificadas a las Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el uso de facturas apócrifas y empresas presuntamente fantasmas, caso también documentado por la organización “Mexicanos contra la corrupción y la impunidad”.
A estos casos se sumó este martes una nueva revelación de la organización “Ciudadanos Observando”, que en una investigación detectó que al menos diez congresistas habrían empleado presuntas empresas fantasma para la comprobación de gastos de la presentación de sus informes legislativos correspondientes a su segundo año de gestión, lo que supone un monto de un millón 039 mil 161 pesos.
Durante el segundo año legislativo la Junta de Coordinación Política, órgano administrativo del Congreso del Estado de San Luis Potosí, autorizó un monto de 150 mil pesos a cada legislador para rendir informes a la ciudadanía.
En los documentos analizados hasta el momento se involucra al legislador de la fracción perredista Sergio Desfassiux Cabello, que habría comprobado la cantidad de 75 mil pesos, en la impresión de trípticos, a la empresa Servicios Especiales La Comercial S.A. de C.V., empresa que ya ha sido denunciada por medios nacionales por ser presuntamente inexistente.
También la priista Esther Angélica Martínez Cárdenas habría facturado un monto de casi 74 mil 999.98 pesos a nombre de Griselda Díaz Guerrero del municipio de Ciudad Valles, nombre que ya había sido denunciado como proveedor fantasma en otras investigación de la agrupación Ciudadanos Observando.
Jesús Cardona Mireles del partido Morena y José Belmarez Herrera del Partido del Trabajo facturaron a dos empresas con diferente razón social que comparten el domicilio fiscal en Amazonas 150 interior 46 colonia El Cortijo San Luis Potosí, se trata de Comercializadora y Distribuidora del Potosí Lusa S. de R.L. de C.V. y la empresa Office Exprés; y otra con domicilio en Amapolas #200 colonia Santa Rosa S.L.P, que al ser visitada se detectó que es una vivienda particular.
La perredista Graciela Gaitán Díaz habría facturado 74 mil 999 pesos a un proveedor detectado por la Auditoría Superior del Estado en el 2010 y 2011. Este mismo proveedor le ha facturado actualmente 270 mil pesos en supuesto material de construcción.
El priista José Luis Romero Calzada justificó castos por 130 mil 048.40 pesos con una factura emitida por la empresa Paraná Comercializadora S.A. de C.V., empresa cuya dirección fiscal en calle Los Vargas #342 San Juan de Guadalupe S.L.P. y corresponde a un local comercial en renta desde hace tiempo.
Un proveedor común detectado en esta ocasión es Joel Robledo Rodríguez, quien habría prestado servicios a los legisladores panistas Héctor Mendizábal Pérez, Jorge Luis Díaz Salinas y Mariano Niño, a la perredista Graciela Gaitán Díaz y a la priista Rebeca Terán Guevara, por un monto total de 380 mil 115 pesos, por concepto de diseño de identidad e imagen, videos, impresión de trípticos y lonas para el segundo informe de actividades de los estos congresistas.
Estas irregularidades serán notificadas a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anunció el vocero de Ciudadanos Observando, Guadalupe González Covarrubias, quien indicó que para esto esperan completar el análisis de 50 facturas más con las que se comprobaron gastos del segundo informe de actividades, documentos en los que creen podrían detectar irregularidades a otros 10 legisladores locales.
apl