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Docentes y servidores públicos investigados por acoso serán separados de su cargo en SLP

El Congreso del Estado aprobó la reforma para que cualquier tipo de acoso sea investigado de oficio para que se separe del cargo a la persona señalada

Foto: Samuel Estrada
07/10/2020 |16:08
Samuel Estrada
Reportero multimedia en San Luis PotosíVer perfil

En sesión de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado aprobó la reforma al Código Penal del Estado, para que cualquier tipo de acoso, especialmente perpetrado por funcionarios públicos y docentes sea investigado de oficio por las autoridades y que desde el momento en que se inicie la investigación se separe del cargo a la persona señalada.

En la sesión de trabajo llevada a cabo vía remota estuvieron presentes los diputados: Sonia Mendoza Díaz, Marite Hernández Correa, Paola Alejandra Arreola Nieto, Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, Edgardo Hernández Contreras y Rubén Guajardo Barrera, quienes avalaron el dictamen que sanciona las conductas que transgreden la integridad y dignidad de las personas y atentan contra la libertad sexual.

Es así que se establece que “comete el delito de acoso sexual, quien en ejercicio abusivo de poder que conlleve a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, la asedia, acosa, o le demanda actos de naturaleza sexual con fines lascivos, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.

“También comete este delito, quien, habiendo sido rechazado por el pasivo, insiste en invitarlo a cualquier lado”.

En la exposición de motivos se establece que “ninguna persona debe ser hostigada, molestada o acosada, sin embargo, es una realidad actual que existen personas que no respetan ello y se creen con el derecho de decirle a la víctima cualquier expresión relacionada a su físico generalmente, o hacerle insinuaciones lascivas, generándole incomodidad, malestar y molestia”.

Al respecto, la diputada Paola Arreola Nieto expuso que “este dictamen establece que, cuando sucede un delito de hostigamiento o acoso sexual, se persiga de oficio y no solamente por denuncia de la víctima, de tal manera que ya no quedaran impunes las conductas cometidas por un servidor público o docente, que tiene agravantes por el grado jerárquico que pudieran ejercer contra la víctima. Ahora, la Fiscalía deberá proceder de oficio”.

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