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El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez confirmó que “va en serio” el proyecto para mudar varias oficinas de la administración estatal a un edificio ubicado frente a las instalaciones del Centro de Reinserción Social de La Pila, el cual se convertiría según dijo en una especie de “Ciudad Administrativa Estatal”.
Torres Sánchez mencionó “este proyecto para alojar en un solo recinto a varias instituciones y oficinas gubernamentales va a ayudar mucho, puesto que además el usuario que tenga la necesidad de acudir, podrá tener acceso a varias dependencias en un solo espacio sin tener que moverse a más lados en lo que sería una Ciudad Administrativa Estatal”.
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Asimismo el segundo al mando de la administración estatal recordó que desde inicio del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona el mandatario ha hecho hincapié en la necesidad de disminuir al mínimo la cantidad de oficinas que se encontraban pagando rentas, ya se ha avanzado bastante pero aún hay algunas que siguen erogando grandes cantidades por estos conceptos.
Por su parte la fiscal general del estado, María Manuela García Cázares recordó que este edificio que quedó abandonado desde la pasada administración, tenía originalmente el propósito de ser la nueva sede de la propia FGE, pero la realidad es que todo se llevó a cabo por parte del ejecutivo, la inversión, la construcción, etcétera siempre estuvo por parte del gobierno y nunca se entregó a la Fiscalía.
García Cázares indicó que ella no ve ningún problema en que el gobierno estatal pueda retomar este proyecto y aprovecharlo para oficinas propias, puesto que actualmente la FGE no tiene la intención de mudar sus oficinas ya que la idea es estar lo más cerca posible de la gente para que puedan acceder a presentar sus denuncias por lo que es preferible seguir ocupando el edificio ubicado en Eje Vial.
Cabe recordar que hace apenas unos días el titular de la Oficialía Mayor, Noé Lara Enríquez reveló esta propuesta, que tiene la intención de mover las oficinas de dependencias como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la Contraloría del Estado e incluso la propia Oficialía Mayor, que son instituciones que al día de hoy siguen ocupando oficinas rentadas.
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