Con el reciente caso de una joven de 19 años, que fue detenida por autoridades locales por ser denunciada de provocarse un aborto. El tema se ha reavivado en el tablero de la política local y en el impacto mediático de la condena por parte de la iglesia y sectores de la sociedad.
Según datos del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) en tan sólo lo que va del 2018 se han registrado 246 abortos, en San Luis Potosí. En los últimos años 23 mujeres potosinas fueron denunciadas ante autoridades, de las cuales según datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en 2018 solamente dos casos han sido ante la PGJE, entre los que se encuentra el reciente caso de la chica de 19 años que acudió a un hospital público tras sufrir sangrado y dolor en el intento por interrumpir un embarazo no deseado
Este caso se une al de otros en el que se han visto involucradas potosinas que por diversas condiciones les ha ocurrió un aborto, que en consecuencia dado a la rígida legislación local han tenido que recibir sanciones de nivel penal.
En febrero del año 2015 fue detenida una mujer indígena del municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí. Rocío Pérez Hervet, en ese entonces de 37 años de edad. Después de ser dada de alta del Hospital IMSS Oportunidades en ese municipio, sería detenida por elementos policíacos por el delito de un aborto supuestamente inducido.
Otro caso sucedió en 2009 en el municipio de Tamazunchale, ahí la joven Hilda Deyanira López de la Cruz, originaria de una comunidad del municipio de Tamuín, acudió al hospital por una hemorragia, pero una doctora forzó a la joven a declarar que había tomado una pastilla abortiva a condición de brindarle la atención médica, tras lo cual denunció a Hilda ante el Ministerio Público. Ante ello Hilda, después de ser denunciada y liberada con el argumento de falta de pruebas, sería reaprendida y sentenciada a un año de prisión por el delito de aborto, sin embargo el Supremo Tribunal de Justicia del Estado absolvió a la joven. Una resolución de la Quinta Sala Mixta ordenó liberarla de forma inmediata. Este caso se volvió fundamental para la lucha contra la criminalización de las mujeres potosinas que sufrieron o decidieron practicar un aborto.
En este sentido Arely Torres Miranda, Consejera ciudadana del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), comentó que actualmente se ha tratado de tener un acercamiento con la joven potosina detenida el pasado sábado, con el fin de acompañarla en el proceso judicial en su contra. Apuntó que hasta el momento se sabe que cuenta con defensoría de oficio y en calidad de libertad condicional. Recordó que este tipo de temas a dejado malas experiencias como fue el caso de Hilda, en donde se quedó evidenciado que las jóvenes son presionadas a decir que se provocaron el aborto para ser acusadas ante las autoridades a cambio de recibir la atención médica.
Se pronunció en contra de la criminalización de las mujeres que abortan por parte de las autoridades “Me preocupa la celeridad con la que las mujeres que abortan son detenidas y presentadas ante juicios con carpetas de investigación, cuando vemos que existe una Alerta de género en San Luis Potosí y no pasa nada, es muy preocupante” aseveró. Dijo también que es lamentable que el poder Legislativo local se mantenga al margen del tema “El Congreso del Estado no le puede huir al tema, es el momento de insistir en que se debe de hablar de la gravedad del asunto, ante una realidad que estamos viviendo”, expresó.
Torres Miranda, insistió en que la discrecionalidad de tratar los derechos y justicia para las mujeres tienen un tinte machista. “La sociedad marca un estigma con las mujeres que son señalada y es inimaginable el daño psicológico que les hacen” sostuvo.
El abandono de la clase política
En el Congreso del Estado, la diputada por el Partido Acción Nacional (PAN) Diana Lucero Jasso Rocha, no se atrevió a pronunciar una postura a favor o en contra del tema, sin embargo consideró como importante el no revictimizar a las mujeres para analizar este “delicado tema” a palabras de la legisladora.
“Yo la verdad no me atrevo a dar una opinión al respecto, es un tema que se debe analizar mucho para conocer las opiniones de médicos y especialistas para así poder hablarlo” dijo.
Por otra parte la diputada local por el PRI, Martha Orta reconoció que esto es una muestra de que las instituciones han fallado para poner sobre el espacio público y privado el acceso tanto a los métodos de anticoncepción, como a los sistemas de concepción de emergencia. Subrayó que es un tema que se le ha dado muchas vueltas con perspectivas moralistas, “Al Congreso del Estado no les gusta mucho afrontar este tipo de temas, no hay que tenerle miedo a abordar los temas como son, criminalizar el asunto no es lo más viable” dijo.
Al ser consultada de su opinión al respecto la diputada de Movimiento Ciudadano, Lucila Nava Piña, se negó a hablar del tema.
