Este viernes la LXII Legislatura se estrena con la presentación de diversas iniciativas que van desde modificaciones a la Constitución Política del Estado hasta la adición de nuevas figuras de delitos patrimoniales, pasando por la “muerte civil” como sanción a delitos vinculados con actos de corrupción.
La gaceta parlamentaria contempla al menos 15 propuestas, la mayoría provenientes del cuatro veces legislador Óscar Carlos Vera Fábregat del partido Conciencia Popular, dos más derivan de solicitudes de ayuntamientos y el resto son de los legisladores José Antonio Zapata Meraz, Vianey Montes Colunga y Ricardo Villarreal Loo, del Partido Acción Nacional y de Edgardo Hernández Contreras y Cándido Ochoa Rojas del Partido Verde Ecologista de México.
Donación de terreno de Villa de Reyes a gobierno del estado
El presidente municipal de Villa de Reyes presentará solicitud al Congreso del Estado para que se le permita la donación de 60 hectáreas de terreno al gobierno del estado, espacio en el que se instalaría la empresa automotriz Ford.
Como fundamento de esta solicitud, el edil, sostiene que tras diversas reuniones en las que se determinó que “es el Ejecutivo estatal quien está en óptima posición para llevar a cabo la labor de promoción, a nivel nacional e internacional, de las ventajas del estado y del municipio para la atracción de inversión foránea”.
Este terreno se sumará a las 220 hectáreas propiedad de gobierno del estado, incrementando así a 280 el área a promocionar para la atracción de inversiones.
Echar abajo informes de ASE y pago de adeudo al ISSSTE
El legislador Edgardo Hernández Contreras, del PVEM, presentará la propuesta de dejar sin efecto la aprobación de los informes de auditoría de lo las cuentas públicas, ejercicio fiscal 2017, al considerar que la pasada legislatura no demostró la “gravedad” o “urgencia” para aprobar los informes de auditoría, condición que exige la normativa legislativa.
También prevé dejar sin efecto la autorización al gobierno para afectar hasta el 2.5 por ciento del fondo general de participaciones federales para el pago de adeudos de cuotas con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado (ISSSTE) debido a que la propuesta no fue turnada ni analizada por la Comisión de Gobernación lo que significa un fallo en el procedimiento, además de que no se demostró la “urgencia” o “gravedad” de esta propuesta para ser analizada en periodo extraordinario.
“Muerte civil”
José Antonio Zapata Meraz, diputado del PAN, propone la “muerte civil” a los servidores públicos como sanción a delitos relacionados con actos de corrupción, al incorporar la figura de suspensión e inhabilitación permanente del servicio público y a particulares a los cuales se les impediría participar en licitaciones y concursos.
Lo propuesta que se presentará propone reformar la Ley de Responsabilidad de Servidores públicos con el objetivo de incluir la sanción en delitos como peculado, enriquecimiento ilícito, desvío de recurso y el Código Penal del Estado, en los delitos de colusión y uso indebido de recursos públicos.
Eutanasia
Otra propuesta de Carlos Vera Fábregat es reformar la Constitución Política del Estado para incluir la figura de “muerte digna” dentro de ella, con el objetivo de reconocer el derecho humano a la autodeterminación y al libre desarrollo de una personalidad, la vida digna y la muerte digna.
En la exposición de motivos el legislador señala que “si las personas gozan del derecho humano a la vida digna, a contrario sensu, en el Estado de San Luis Potosí, como en otras entidades del país y el extranjero, debe reconocerse el derecho al bien morir o a la muerte digna; derecho personalísimo que no se enuncia expresamente en la Constitución General de la República, pero que están implícitos en los tratados internacionales suscritos por México y, en todo caso, debe entenderse como un derecho derivado del reconocimiento al derecho a la dignidad humana”.
Reducción del costo del trámite de licencias de conducir
Vera Fábregat propone también la reducción de hasta el 50 por ciento del valor de Unidad de Medida y Actualización (UMAS) actuales para la expedición de las licencias o permisos de conducir en el estado de San Luis Potosí, tanto para automovilistas, choferes de servicio particular, servicio público; Tipo “B”, Taxis y colectivos ligeros; Tipo “C”, Transporte Urbano y Turismo, así como conductores de motocicleta o motoneta.
El también concesionario de unidades de taxis sostiene en su exposición de motivos “que el costo por estos derechos en nuestra entidad son excesivos, y no cumplen con los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad, aunado a que no se encuentran acordes a la realidad económica de la mayoría de los potosinos; sin dejar de mencionar que pone al estado en desventaja frente a costos más bajos que el resto de las entidades federativas”.
A precios actuales esta iniciativa propondrá que el costo de trámite de licencia de conducir con vigencia a un año pase de los 511.81 pesos a los 241.80 pesos y por cada año subsecuentes propone un cobro adicional de 120.90 pesos y no 282.90 costo actual en UMAS vigentes.
Legalizar la marihuana con fines medicinales.
El mismo legislador propone además “garantizar el derecho humano a la salud, a través del uso médico y terapéutico de la cannabis sativa, índica, americana o marihuana, y sus derivados, y ampliar los derechos humanos de las personas en el estado de San Luis Potosí, al elevarlo a rango constitucional”. Asimismo, tiene como finalidad el uso de cannabis en medicamentos y tratamientos de enfermedades como esclerosis múltiple, en el glaucoma y como terapia paliativa en algunos casos de cáncer y del sida.
Insolvencia fraudulenta como delito al patrimonio
Por su parte el legislador Cándido Ochoa Rojas del PVEM, propone castigar “la conducta desplegada por aquellas personas que simulen un estado de insolvencia, con el objeto de eludir las obligaciones que tengan frente a sus acreedores o contrapartes en los juicios mercantiles y civiles, bien sea ordinarios o extraordinarios, que deriven de algún contrato”.
La iniciativa asegura que ya se garantiza en el derecho mexicano que no existe delito alguno por el solo hecho de deber dinero, sin embargo se busca sancionar la conducta de aquellos que simulan insolvencia ya que “no es válido que los gobernados que demandan el cumplimiento de determinada prestación, y que después de un verdadero peregrinar, obtengan una sentencia favorable, respecto de la cual jamás lograran su ejecución”.
maria.medrano@clabsa.com.mx
apl
