Fosas y olvido: El grito de madres buscadoras en SLP en el Día de las Víctimas de Desaparición Forzada

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros puso los rostros de sus familiares desaparecidos frente al Palacio de Gobierno de San Luis Potosí para recordar a quienes faltan en los hogares potosinos y para exigir que se reconozca las zonas de desapariciones forzadas e inhumación ilegal con fosas clandestinas en la entidad.

Edith Pérez, presidenta del colectivo, aseguró que esta fecha representa “un homenaje que las instituciones siguen negando”, pues mientras se celebran efemérides como el Día del Abuelo o el 8 de marzo, las familias de desaparecidos continúan sin un reconocimiento oficial a su dolor.

“El Gobierno tiene una deuda que no podrá saldar jamás, porque las desapariciones siguen ocurriendo frente a nosotros”, dijo.

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"Quieren negar lo evidente"

La activista también reprochó que las autoridades minimicen o califiquen de “casos aislados” los hallazgos de restos humanos, a pesar de que en la entidad se han localizado tambos con cuerpos calcinados, fosas clandestinas y puntos con restos óseos en superficie.

“Aunque lo quieran ocultar, aunque la fiscalía insista en que no existen esos lugares, nosotros los hemos recorrido y ahí están los huesos de nuestros hijos, hermanos y padres”, denunció.

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Un dolor que trasciende generaciones

Edith Pérez compartió que, más allá de las cifras oficiales, la desaparición forzada deja secuelas profundas en las familias. Narró cómo los sobrinos de sus hijos desaparecidos crecieron entre el silencio y el llanto de los adultos:

“Uno de los pequeños metía a sus hermanitas al cuarto de la abuela para que no nos vieran llorar a los adultos. Hoy, ya grandes, confiesan que no recuerdan a sus primos más que por fotografías”.

Para la representante de Voz y Dignidad, la sociedad también carga con responsabilidad al estigmatizar a las víctimas. “Nos han señalado de que nuestros familiares estaban en malos pasos, pero la realidad es otra: muchos jornaleros salieron de comunidades humildes buscando trabajo y fueron atrapados en sitios como el rancho Isaguirre y lo mismo ha ocurrido en la Huasteca, donde jóvenes han desaparecido rumbo a Tamaulipas y Monterrey”, relató.

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Cifras que no cuadran

Mientras el Gobierno estatal habla de cerca de mil personas desaparecidas, el colectivo asegura que esa cifra es apenas una fracción de la realidad. “En nuestros registros también hay alrededor de mil potosinos, pero son casos que ocurrieron dentro y fuera del estado. Y por cada denuncia oficial hay uno o dos desaparecidos más de los que nunca se reportó”, explicó Edith Pérez.

Sobre las zonas localizadas, mencionó al menos seis puntos con fuertes indicios de exterminio como en la zona de la Laguna del Mante. “Ahí hemos hallado huesos calcinados a simple vista. Eso significa que todavía hay más bajo tierra, esperando ser procesados por peritos especializados. Tenemos contabilizados al menos 12 lugares que requieren excavación”.

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Impunidad y silencio oficial

De acuerdo con la dirigente, desde 2017 se han enviado a laboratorios extranjeros más de 200 muestras para su análisis genético. Sin embargo, hasta ahora no se han entregado resultados claros a las familias.

“Los dictámenes ya están listos, pero la fiscalía no nos dice nada. Ese hermetismo demuestra la colusión de autoridades con quienes permitieron o participaron en estas atrocidades”, afirmó.

Pata concluir, Edith Pérez subrayó que la exigencia de las familias es mantener vivos los nombres y las caras de quienes faltan. “Nuestro deber es que no se borren de la memoria colectiva. Necesitamos verdad y justicia real, no simulaciones. Porque detrás de cada desaparecido hay hijos, padres y hermanos que siguen esperando”.

Con pancartas y fotografías en mano, las familias reiteraron que la lucha continuará hasta que el Estado mexicano reconozca la magnitud de la crisis y garantice justicia para los más de 100 mil desaparecidos en el país.