Sin mayores beneficios para el estado y a pesar de la crisis por la pandemia de Covid-19, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí en la gestión a cargo de Juan Manuel Carreras, entregó más de 125 millones de pesos al club de futbol Atlético de San Luis durante cinco años, además de estímulos fiscales en los cobros de impuesto predial, impuesto sobre la nómina, impuesto sobre adquisición de inmuebles además de todo tipo de permisos, autorizaciones y licencias.
De acuerdo a la respuesta de una solicitud de información de un particular a la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) la cual fue respondida apenas a mediados de agosto de este 2023, se entregó la copia del convenio signado entre el gobierno estatal y la empresa denominada “Atlético de Madrid Sociedad Anónima Deportiva” el pasado 16 de enero de 2017 y con vigencia hasta septiembre de 2021.
Dentro de este convenio que fue firmado por diversos funcionarios estatales de la pasada administración como el secretario general de gobierno Alejandro Leal Tovías, el secretario de finanzas José Luis Ugalde, el secretario de desarrollo económico Gustavo Puente Orozco, Miguel Ángel Álvarez titular del Instituto Potosino del Deporte, José Gabriel Rosillo Iglesias contralor del estado y el gobernador Juan Manuel Carreras López como testigo de honor.
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En el contenido de este acuerdo se establece entre otras cosas los estímulos fiscales para que se pueda exentar el pago o hacer algún descuento en el cobro de cualquier impuesto o contribución del equipo a las autoridades estatales y municipales, pero también la entrega anual y en transferencia de no menos de 25 millones de pesos a las cuentas del equipo que en aquel entonces se encontraba en la Liga de Ascenso, siendo que se estipula que en caso de ascender a primera división esta cantidad se incrementaría en un monto definido por la propia sociedad deportiva, situación que en efecto sucedió.
En cambio las obligaciones para el “Atlético de Madrid S. A.” básicamente eran mantener el equipo en San Luis Potosí, entregar al gobierno estatal por lo menos 100 boletos para cada partido jugado como local y la creación de un gran total de 25 empleos directos.
Cabe destacar que dentro del clausulado de este convenio se establece, por ejemplo, que el documento se encontraba sometido a las leyes aplicables del Reino de España, así como también un convenio de confidencialidad por parte de los funcionarios firmantes, quienes se comprometieron a no revelar la existencia ni mucho menos el contenido del mismo.
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