El subsecretario jurídico del gobierno del estado, Hugo Ulises Valencia Gordillo, dejó en claro que la administración estatal no tomará una postura a favor o en contra de la despenalización del aborto, ya que en ambos casos hay argumentos válidos y en todo caso será el Congreso del estado el que deba revisar el Código Penal respecto a este asunto.
Se pronunció eso si, para que se realicen foros amplios en donde se convoque a la sociedad, en especial a los grupos que tienen posturas encontradas para poder llegar a coincidencias que permitan transitar a alguna reforma, “pero todas las voces tienen que ser escuchadas y tiene que hacerse un trabajo de manera integral”.
Recalcó que se trata de un asunto bastante delicado, ya que en algunas entidades de la República existe la despenalización de la interrupción del embarazo, no es el caso de San Luis Potosí, donde de hecho no es considerado como delito grave, pero hay estados donde si lo es, es por eso que se debe abrir un foro para la discusión del asunto.
Asimismo especificó que en el caso de la jovencita que fue detenida por presuntamente cometer este delito el fin de semana pasada, la realidad es que está llevando a cabo su proceso en libertad, puede que sea un proceso abreviado de acuerdo al nuevo sistema y aunque se le declarase culpable no sería mucha la pena porque se valorarían condiciones como marginación, pobreza y hasta ignorancia para atenuarla.
Por su parte, el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Juan Paulo Almazán Cue, refirió que en ningún caso el Código Penal Federal contempla prisión preventiva oficiosa para este tipo de casos, ni tampoco el 19 constitucional, es decir, que de entrada tiene que llevar su proceso en libertad.
Además, dijo: “puede ser que su caso ni siquiera llegue hasta sentencia, puede acogerse a los beneficios del nuevo sistema y hacerlo de manera abreviado, además de que hay la posibilidad de que dependiendo la edad de la persona se aplica la medida sancionatoria, en este caso no sabemos si es culpable o no, pero como máximo tendría tres años de cárcel, porque es muy difícil que se le vayan a acreditar agravantes”.
Finalmente, comentó que es un tema más de prevención que de sanción, se tiene que acudir a lo que ahora se le llama justicia terapeútica, más que a la sanción como tal porque evidentemente existe un asunto de tipo psicológico que se tiene que atender.
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