El juzgado federal primero de distrito de San Luis Potosí, que lleva el amparo interpuesto por la asociación ecologista “Cambio de Ruta” que exige al gobierno del estado garantizar la buena calidad del aire en la zona metropolitana de la capital potosina, no dio por cumplida la ejecutoria que ordenó hace unos días, sin embargo, tampoco iniciará por ahora un juicio de inejecución que derivaría en la separación del puesto tanto del gobernador como de la titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), Yvette Salazar Torres, sino que vuelve a dar una prórroga para que cumpla.
De acuerdo a la sentencia, el juzgado aún no cuenta con los elementos suficientes como para dar por cumplida la ejecutoria del amparo porque aunque se respondió con distintas pruebas documentales, la mayoría refieren supuestas acciones futuras y actividades que no respalda con evidencia, por lo que solicita ahora de nueva cuenta añadir estas pruebas.
Por ejemplo, se solicitó acreditar que los sistemas de medición de la calidad del aire de la ciudad funcionan correctamente y arrojan datos certeros, no obstante, sólo se respondió con el informe del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), por lo que en virtud de un análisis exhaustivo se llegó a la conclusión de que los extremos solicitados no se encontraban satisfechos.
Se solicita evidencia documental de que se dio una ampliación presupuestal para el incremento y mantenimiento de la red de monitoreo de la calidad del aire, así como también de suficiencia presupuestal para reubicar la caseta que se encuentra en el estacionamiento de la Facultad de Psicología, los oficios en donde la Segam inste a los municipios de la zona a regular la actividad ladrillera y facultar a tránsito municipal para recoger automóviles cuando sea evidente la emisión de gran cantidad de gases contaminantes.
De la misma manera que informe al juzgado el nombre del personal que de forma exclusiva se va a dedicar a la operación, mantenimiento y calibración de las casetas de monitoreo, acredite la verificación y calibración de los equipos para que operen en óptimas condiciones, así como oficio a la UASLP para que se den las condiciones para reubicar la caseta de la Facultad de Psicología.
Finalmente, se vuelven a dar tres días para el cumplimiento de este nuevo ordenamiento y se recalca que de no ser así se podría iniciar ahora si, el procedimiento de inejecución, el cual pudiera culminar con la separación de su puesto del gobernador y demás funcionarios responsables.
vkc