Entre los cientos de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que fueron filtrados en el llamado “Guacamaya Leaks”, aparece uno donde se nombran a mujeres feministas que han participado en movilizaciones dentro de San Luis Potosí, a quienes desde gobierno federal se les considera un “riesgo”
Tras la filtración de un oficio, marcado de prioridad “URGENTE”, personal de la 12a. Zona Militar informó a la Sedena sobre nombres de mujeres en lo individual y colectivas que forman parte del movimiento feminista en San Luis Potosí.
La filtración de este documento ha puesto en alerta a las activistas potosinas quienes han mencionado que usar al ejército para vigilar a las mujeres que luchan por la vida y dignidad de otras, es una total violación a los derechos humanos. Si bien las fuerzas militares no han accionado, otros entes sociales tienen acceso a sus datos y eso las coloca en riesgo.
En el escrito aparece una lista de movilizaciones que han hecho las colectivas desde el 2020, donde se menciona puntos de reunión, horas y consignas, además de número de participantes.
Desde la Sedena las colectivas son consideradas como agentes que pueden afectar la gobernabilidad por los bloqueos en principales avenidas, además de realizar pintas a edificios públicos y algunos que han sido declarados patrimonio cultural por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Además se destaca que las colectivas podrían afectar la imagen del Gobierno Federal, ya que cuando se emitió este documento 6 de marzo de 2022, estaba próxima la jornada de electoral para la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.
También se menciona a politícos que utilizaron "la coyuntura para mostrar su apoyo a estos colectivos en beneficio de sus aspiraciones políticas, como es el caso de la C. Marvely Constanzo Rangel, quien en su campaña para Gobernadora del Estado uso como bandera electoral la protección a los derechos de la mujer para decidir por su cuerpo, participando el 1 Abr. 2021, en una marcha feminista…”
Aunque en el documento se hace hincapié de que se respetan y respetarán los derechos humanos de las participantes a estas movilizaciones, colectivos consideran que se vulneran al recabar información personal y direcciones donde se llevan a cabo reuniones, talleres y mercadillos culturales que son de interés para las Fuerzas Armadas de la nación.
Dentro de los anexos se maneja el estado de fuerza dispuesto para las movilizaciones feministas, donde también se cuenta con "Personal de la Unidad de Análisis Estratégico dará seguimiento al desarrollo de las manifestaciones, recabando información de protagonistas, evidencia gráfica y videos”, que está conformado por 170 agentes femeninas operativas, 250 agentes masculinos, 132 agentes que monitorean desde el C5i2 y C4, 18 patrullas pick up, 37 motos, 2 ambulancias, un camión blindado, 300 escudos y 250 cascos.
En redes sociales, algunas mujeres potosinas han manifestado su preocupación luego de conocer que sus nombres y datos personales aparecen en la lista, “a la par de grupos del crimen organizado”.
Hasta ahora no hay un pronunciamiento por parte de las autoridades de San Luis Potosí, sin embargo, recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que se espíe a periodistas u opositores y agregó “son labores de inteligencia, no de espionaje”, sin confirmar el caso que se ha dado a conocer sobre las mujeres feministas del estado potosino.