Con la aprobación del Congreso del estado, donde tipifica como delito el uso de celular al manejar, la ciudadanía aún desconocen cómo se implementaría por parte de las autoridades, las multas y sanciones de los Ministerios Públicos.
Esta modificación a la Ley fue impulsada por el diputado José Guadalupe Torres Sánchez, quien dijo que las reformas al Código Penal del estado para aumentar el monto de las multas y tipificar como delito utilizar el teléfono celular mientras se conduce, no tiene fines recaudatorios, sino, crear conciencia entre la ciudadanía de los riesgos que implica esta práctica, ya que de acuerdo a un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), “el uso de los teléfonos móviles es un problema creciente en la distracción de los conductores”.
Sostuvo que la reforma a los artículos 143 y 357 del Código Penal del estado de San Luis Potosí, tiene como objetivo regular como delito que quien conduzca un vehículo y desvíe su atención a causa de un distractor, como el uso de teléfonos móviles, poniendo en peligro la vida, la salud o los bienes de alguien.
El legislador detalló que con estas reformas se sancionará con pena de sesenta a ciento veinte jornadas de trabajo en favor de la comunidad, sanción pecuniaria de sesenta a ciento veinte días del valor de la unidad de medida y actualización, y suspensión de los derechos por el doble del tiempo de las jornadas de trabajo en favor de la comunidad impuesta, (el monto de las multas van de 4,800 a 9,600 pesos).
Sin embargo, para el vocero de la organización Ciudadanos Observando, José Guadalupe González, esta nueva Ley más allá de garantizar eliminar el uso del móvil en automóviles, se estaría corriendo el riesgo de un aumento de extorsiones por parte de elementos policíacos durante la implementación de las multas. Ante la falta de aclaraciones de los legisladores del cómo se presentarían las pruebas de los delitos por parte de los automovilistas, se estaría a merced de los elementos de tránsito al ser detenidos.
“Hay una serie de lagunas, los legisladores no aclaran los límites de la Ley, la legislación está muy abierta, es decir, no existe un catálogo. Los elementos de tránsito nos tendrán que demostrar que estábamos hablando por teléfono”, declaró.
Consideró que se debe analizar más al respecto, aunado a que la ciudadanía no entiende cómo quedó legislado el delito.
El vocero de la organización añadió que la gente no debe dejarse intimidar, aunque reconoció que es una estrategia que puede funcionar para inhibir el uso de los celulares mientras se maneja.
No obstante, puntualizó que la infracción de tránsito va a continuar y el costo por circular manipulando algun equipo de comunicación portátil o telefonía móvil tiene un costo de 564.20 pesos, sin embargo, cualquier policía vial podrá poner una denuncia ante el Ministerio Público ya que se considera un delito el hablar por celular al manejar. Si un juez declara culpabilidad del mismo entonces podrá imponer una sanción pecuniaria que va desde los cuatro mil 500 pesos hasta los nueve mil pesos de acuerdo al criterio del juez.
Finalmente, González hizo un llamado a la ciudadanía para que se mantengan prevenidos y con la información necesaria poder defenderse ante cualquier intento de extorsión por parte de los elementos de tránsito, ante esta aún incipiente nueva Ley que no tiene un respaldo ni de los propios legisladores potosinos.
vkc