El Tribunal Electoral del Estado reconoció por primera vez en San Luis Potosí la violencia política contra una jueza electa por voto popular.
Las medidas impuestas a los responsables todavía no se han cumplido, por lo que el caso continúa con acciones pendientes para reparar las agresiones contra la juzgadora Fátima Elizabeth Viera Gutiérrez.
La resolución, emitida el 16 de julio de 2026, determinó la responsabilidad de tres profesionales del derecho por hechos ocurridos el 16 de diciembre de 2025, cuando irrumpieron en las instalaciones del Juzgado Segundo de lo Familiar durante una diligencia.
En ese lugar, la jueza fue objeto de insultos, amenazas y expresiones discriminatorias.
Las agresiones también se extendieron al ámbito digital, mediante la difusión de videos en redes sociales.
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El Tribunal concluyó que las conductas constituyeron violencia verbal, simbólica y psicológica por razones de género, con la intención de desacreditar la capacidad profesional de la juzgadora, intimidarla y afectar el ejercicio de sus derechos político-electorales.
El fallo también estableció que las críticas a las decisiones judiciales y la libertad de expresión no justifican amenazas ni ataques sexistas contra mujeres que desempeñan funciones públicas.
El caso llegó a esta resolución después de que la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocara una determinación anterior y ordenara al órgano jurisdiccional local emitir un nuevo fallo.
Aunque la sentencia representa un precedente para la protección de las mujeres que ocupan cargos en el Poder Judicial, todavía falta ejecutar las medidas ordenadas.
Entre ellas están una amonestación pública, la publicación de una disculpa dirigida a la jueza en un periódico de amplia circulación en San Luis Potosí y en las redes sociales de los responsables, así como su inscripción durante un año y seis meses en el Registro Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC).
También está pendiente que las personas sancionadas reciban capacitación obligatoria sobre violencia política contra las mujeres por razones de género, a cargo de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva del Estado.
La abogada Fátima Alvizo, representante legal de la denunciante, advirtió que obtener una resolución favorable no elimina las dificultades que enfrentan las mujeres al defender sus derechos político-electorales.
Señaló que la normalización de estas agresiones y el temor a las represalias se suman al desgaste que implican los procedimientos institucionales, por lo que consideró indispensable que las autoridades aseguren el cumplimiento de las sanciones.
El caso cobra relevancia tras la reforma judicial que incorporó la elección popular de personas juzgadoras, pues plantea el reto de garantizar que las mujeres que llegan a estos cargos puedan ejercer sus funciones en condiciones de igualdad y sin que las agresiones motivadas por su género se justifiquen como parte de los desacuerdos con sus resoluciones.