Hospital Central asumiría consecuencias por compra de medicamento adulterado

El Comité de Adquisiciones del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” tendría que asumir su propia responsabilidad respecto de la denuncia que se presentó ante la Fiscalía General de la Republica (FGR) por haber comprado medicamentos destinados al tratamiento de enfermedades asociadas al cáncer que habrían sido supuestamente alterados y detectados en su momento a través de la Comisión Estatal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris).

En entrevista, el titular del área. Carlos Alberto Aguilar Acosta, explicó que la Coepris es instruida de manera muy puntual para dar a conocer a los hospitales públicos y privados acerca de los requisitos mínimos indispensables y en base a la normatividad sanitaria, que deben ser cubiertos para la adquisición de medicamentos, en los cuales se deben confrontar los registros durante el proceso de compra y el origen del proveedor, entre otros.

Aguilar Acosta señaló que la Coepris es un órgano regulador que debe hacer visitas de inspección que ejecuta la inspección sanitaria y en caso de detectar irregularidades en los medicamentos, asegurar el producto y notificar a la Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), además de conminarlos a efectuar sus compras de manera correcta y asegurarse que exista un  registro sanitario vigente. “De lo contrario se da aviso a las autoridades o al Ministerio Público, porque así lo marca el procedimiento por la Coepris para presentar las denuncias ante la Fiscalía”, señaló.

De acuerdo a la normatividad en materia de salud, el Hospital Central cuenta con su propio Comité de Adquisiciones, del cual forma parte el director Francisco Alcocer Gouyonnet, por ello las decisiones en torno a la compra de medicamentos se dan de manera independiente, es decir, que la Secretaría de Salud en el Estado no tiene responsabilidad ni injerencia sobre el caso que se menciona.

La detección de estos medicamentos adulterados se dio en el 2018 y el caso se sigue a través de la Fiscalía General de la República, la cual hasta el momento no ha emitido reporte sobre el avance que guardan las investigaciones o una posible resolución y sanción sobre los responsables.

sergio.marin@clabsa.com.mx

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