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Aunque desde hace dos años la administración estatal ha venido planteando la implementación del “impuesto verde” que obligue a las empresas en San Luis Potosí a fortalecer sus prácticas sustentables, aún cuando ya está en la ley, no se ha logrado aplicar este gravamen.
En diciembre de 2023 se aprobó la Ley de Ingresos de San Luis Potosí y desde aquel momento llamó la atención del llamado “impuesto verde”, una contribución que según se dijo no tiene un objetivo recaudatorio sino que las empresas hagan lo posible por reducir sus emisiones contaminantes al ambiente; sin embargo, diversos ajustes y retrasos, pero sobre todo la inconformidad por parte del sector empresarial, ha provocado que al día de hoy no se haya cobrado un solo peso correspondiente a esta nueva tributación.
En el decreto inicial se estableció que la Secretaría de Finanzas del estado podría comenzar a cobrar este impuesto a todas las empresas que emitan contaminación ambiental, específicamente de gases contaminantes como dióxido de carbono, metano, oxido nitroso, hidrofluorocarbonos, entre otros por lo que cada contribuyente pagaría de acuerdo a las toneladas de contaminantes que emitan cotidianamente al medio ambiente de San Luis Potosí.
No obstante, por intervención del sector industrial en la entidad bajo argumento de tener dudas sobre este cobro -pese a las diversas reuniones con la Secretaría de Finanzas para aclarar las mismas- el Congreso del Estado decidió modificar el transitorio de la Ley de Ingresos para que no entrara en vigor en abril sino hasta junio de este año.
Al respecto el titular de las Finanzas estatales Omar Valadez Macías sostuvo que si bien respeta las posturas de los empresarios y las determinaciones legislativas, la realidad es que el impuesto está claro y puntualizó que se estaría cobrando una Unidad de Medida y Actualización (UMA) es decir poco más de 39 mil 600 pesos, por cada 25 toneladas de contaminantes emitidas al medio ambiente e incluso que serían las propias empresas las que calcularían sus emisiones y por tanto cuanto tendrían que pagar.
Sin embargo, a pesar de nuevas reuniones y “explicaciones” por parte de la Sefin, los empresarios volvieron a quejarse ante el Congreso del Estado en lo que parece ser más una estrategia dilatoria, pero con el proceso electoral encima el legislativo cedió y se modificó de nueva cuenta la ley de ingresos y ahora el cobro se estaría haciendo a partir del primer día de 2025, salvo que haya un nuevo aplazamiento.
