El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Juan Paulo Almazán Cue, reconoció que en el caso en que se han visto imputados los ex diputados locales, Dulcelina Sánchez de Lira y José Luis Romero Calzada, por presunto peculado en perjuicio del erario público, puede resolverse antes de llegar a juicio oral a través de una salida alterna al conflicto, que puede ser un acuerdo reparatorio.
“La ciudadanía debe de tener plena confianza de que el proceso se llevará a cabo conforme al marco de la ley, lo cual está garantizado porque se trata de audiencias públicas, audiencias en donde las personas pueden darse cuenta de cómo va el proceso, por lo que seguramente habrá un juicio en un marco de completa imparcialidad”.
Cuestionado en el sentido de los señalamientos de algunas organizaciones, como Ciudadanos Observando, que señalan que en este caso se pudiera dar una especie de “pago de favores” para no sancionar a los ex legisladores, Almazán Cué señaló: “nada que ver, yo insisto en que hay transparencia y se garantiza la imparcialidad del proceso”.
Dijo que en su experiencia, este tipo de procesos, que ya están en el marco del Nuevo Sistema de Justicia, se pueden llevar entre tres y seis meses como máximo antes de que se dé una audiencia de vinculación o una sentencia absolutoria, pero para ello probablemente se solicitará una investigación complementaria por parte de la Fiscalía General del Estado.
Por último, manifestó que estos casos son delitos que tienen salidas alternas, un acuerdo reparatorio tendrá que ser entre las partes, en esta situación el Congreso del Estado como entidad afectada, “no sé cómo van a plantear el caso, eso es algo que tendrían que proponer los imputados y los afectados”.
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