En San Luis Potosí, hay un promedio de 7 mil 632 escuelas públicas y alrededor de 6 mil carece de una escritura que ampare la propiedad.
En 1993 el jefe del ejecutivo federal, firmó un decreto por el que autoriza a la Secretaría de Desarrollo Social, transferir a favor de gobiernos de las 22 entidades del país los inmuebles que prestan servicios en educación preescolar, primaria, secundaria y en escuelas especiales, disposición que está inejecutada.
Al respecto, el diputado Ricardo García Melo, informó que presentará un punto de acuerdo en sesión ordinaria para lograr que las escuelas públicas del estado potosino, cuenten con certeza jurídica al patrimonio de SLP.
Es necesario –señaló– tocar este punto que es de interés público en pos de la modernidad educativa que nos obliga a emprender estas acciones coordinando esfuerzos con las autoridades respectivas y doten de documentos oficiales de propiedad a esa instituciones de educación que presentan esa irregularidad.
Informó que el Plan de Desarrollo Estatal, incluye en su eje rector dos, para que el estado sea incluyente, orientando su política social en la ampliación de oportunidades de educación e infraestructura en este renglón, y necesaria como lo es, una eficaz coordinación interinstitucional; “esto no implica solo contar con mayor infraestructura, sino también en construcciones educativas con orden y seguridad jurídica que se necesita”
Mediante ese punto de acuerdo, García Melo pretende que el congreso exhorte a la Secretaría de educación estatal, a la dirección del registro catastral y a la propia Oficialía Mayor de gobierno para valer y hacer cumplir el decreto presidencial de referencia, publicado el 23 de julio de 1993, enfatizó el presidente de la Comisión de educación, cultura, ciencia y tecnología del congreso local.
apl