San Luis Potosí eroga 61 por ciento menos en la alimentación de las personas privadas de la libertad (PPL) que el resto del país, de acuerdo las estadísticas del Sistema Penitenciario Estatal en México 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Según los datos de estos documentos mientras a nivel nacional se destinan en promedio 149.71 pesos diarios a la alimentación de cada PPL, a nivel estatal el gasto es de 57.49 pesos, por lo que las personas reclusas en la entidad podrían ser víctimas de tortura alimentaria, estimó Rubén Guajardo Barrera, diputado presidente de la Comisión Legislativa de Justicia.
“Estaría bien revisar la manera en que pudiera atenderse este fenómeno, indagar la calidad y clase de alimentos que se les proporcionan, pues está comprobado que aparte de ser escasa, por lo general los alimentos para esta población son mal procesados, tanto que les provocan constantes enfermedades gastrointestinales”.
Adicional a estos datos, el estudio revela que San Luis Potosí, a diferencia de entidades colindantes como Querétaro, no cuenta con programas postpenitenciarios, es decir, no existe un seguimiento a los PPL luego de cumplir su sentencia o salir de la reclusión.
Ante esta situación el legislador indicó que el sistema penitenciario en la entidad “en los hechos (…) sigue alejado de las preocupaciones presupuestales del Estado, queremos hacer notar esto, porque se trata de una situación indignante y alejada de toda garantía individual”.
De acuerdo al Presupuesto de Egresos del Estado 2019, este año se destinaron 648 millones 126 mil 313 pesos al rubro de reinserción social.
El legislador consideró que este es un asunto serio, toda vez que la tasa de internos en la entidad es de 93 personas por cada 100 mil habitantes y debido a que “las cárceles son un foco de violación de los derechos humanos y no seremos cómplices de esta escasez de políticas públicas en defensa de quienes aún presos tienen que ser tratados humanamente y con respeto a su dignidad”.
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