Ante el Congreso del Estado fue presentada la iniciativa ciudadana denominada “Ley Yùlì”, un paquete de propuestas legislativas orientadas a fortalecer la protección de los derechos laborales básicos y a combatir prácticas patronales abusivas que persisten en distintos sectores productivos de la entidad.

La propuesta fue impulsada por la ciudadana Julieta Terán, quien explicó que el planteamiento surge de casos reales y recurrentes detectados en ámbitos como el comercio, empresas importadoras, tiendas de tecnología, restaurantes y cadenas comerciales, donde personas trabajadoras enfrentan condiciones irregulares, como la ausencia de contratos formales, falta de seguridad social, tratos denigrantes, discriminación y obstáculos derivados del idioma.

De acuerdo con la promovente, estas situaciones se presentan con mayor frecuencia en centros de trabajo administrados por empleadores extranjeros, lo que coloca a los trabajadores en escenarios de vulnerabilidad que afectan directamente su seguridad, estabilidad y dignidad.

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La llamada Ley Yùlì fue estructurada en siete iniciativas específicas, entre las que sobresalen la obligación de que toda instrucción o comunicación laboral se realice en idioma español, así como la afiliación inmediata y obligatoria al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desde el primer día de labores, sin excepciones.

Julieta Terán puntualizó que la propuesta no busca frenar la inversión extranjera, sino exigir el respeto pleno a la legislación mexicana, a los derechos humanos y a las condiciones mínimas de seguridad laboral.

Subrayó que permitir prácticas fuera de la ley normaliza abusos que impactan directamente en la vida de miles de personas.

“En México nadie debería desempeñar su trabajo sin entender las órdenes, sin acceso a seguridad social o bajo condiciones de discriminación. La dignidad en el trabajo no está sujeta a negociación”, expresó la impulsora de la iniciativa.

La propuesta fue entregada a las instancias correspondientes y ahora busca sumar el respaldo de diputadas y diputados, colectivos, activistas, ciudadanía y medios de comunicación, con el objetivo de visibilizar una problemática estructural que, pese a su gravedad, continúa siendo tolerada en diversos espacios laborales del estado.

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