La Consejera del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Arely Torres Miranda, lamentó que aún existan resistencias en entidades como San Luis Potosí por parte de las autoridades para reconocer el derecho de las mujeres para aplicarse un aborto en casos como la violación, aún cuando existen recomendaciones por parte de organismos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAWN) por sus siglas en inglés, para que se eliminen este tipo de restricciones.
La también activista señaló lo anterior al referirse al caso de una joven mujer en el estado de Morelos, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinó que le fue negado el derecho al aborto por autoridades de salud, que equivalen a tratos crueles e inhumanos, “porque esto también nos esta llevando a la muerte, nos corta la vida, yo no me puedo imaginar vivir un proceso de embarazo recordando un evento tan violento”, dijo Arely Torres.
Consideró que las mujeres no pueden ser dueñas de su propio cuerpo debido a que el país y las entidades no reconocen el derecho a la interrupción del embarazo e incluso se penaliza en algunos casos excepto por violación, sin embargo, los trámites son largos lo que representa un tormento y una tortura para quienes solicitan la interrupción.
Apuntó que existen normas internacionales en salud que establecen lineamientos para quienes prestan servicios de salud con el fin de garantizar los derechos de las mujeres, no obstante, apuntó que en el país se hicieron reformas a la Ley de Salud que permite la objeción de conciencia para el personal médico “Lo peligroso es que las cuestiones personales obstaculizan los derechos de esas personas, y estamos haciendo un llamado a la Presidencia, para que se vete esa Ley porque es una situación tremenda de una joven que fue víctima de una violación”, acotó.
Arely Torres señaló finalmente que en breve las organizaciones sociales defensoras de los derechos de las mujeres en San Luis Potosí, habrán de hacer planteamientos y exigencias sobre los candidatos, especialmente quienes tengan la responsabilidad legislativa, para que incluyan una agenda en la que se garantice el respeto a sus derechos y se planteen posturas y propuestas reales que puedan ser alcanzadas.
vkc