El recién aprobado decreto legislativo que permite perseguir de oficio el pirataje en el servicio de transporte y que eleva los requisitos para que las Empresas de Redes de Transporte (ERT’s) puedan operar en la entidad, habría sido aprobada pese a las irregularidades de origen, denunciaron las legisladoras Beatriz Benavente Rodríguez y María Isabel González Tovar.
A través de su página de Facebook, la priista detalló que “el pasado martes se convocó a una mesa de trabajo de la Comisión de Justicia, se trataron temas diversos pero no hubo convocatoria previa, ni hubo acuerdos formales”.
De ser cierto esto, se trataría de una violación al artículo 151 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, que establece que las sesiones de comisión tendrán que citarse con cuando menos 48 horas de anticipación.
Pero éste no fue el único señalamiento en contra de la nueva normativa, desde la tribuna, también la diputada María Isabel González Tovar denunció irregularidades omitidas al aprobar reformas a la Ley de Transporte del Estado, mismas que entre otras cosas, elevan el costo de los vehículos para uso de las ERT’s a más de 300 mil pesos; obliga exclusivamente a los dueños a operar la unidad e impide el registro de un número de unidades mayor al 10 por ciento de las concesiones que circulan en la zona metropolitana.
Apuntó que con estos requerimientos se viola el derecho de las personas al uso y disfrute de su propiedad al trabajo, además mencionó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya se pronunció en contra de algunos aspectos validados este jueves por la plenaria.
“Se legisló al vapor, se legisló de manera absolutamente unilateral”, enfatizó.
Sobre la persecución de oficio a las unidades de transporte no registradas, más comúnmente conocidas como pirata, dijo que esto incumple lo expuesto por el Código de Procedimientos Penales, que refiere que se persiguen por ley los delitos que afectan los valores fundamentales de la sociedad, “el pirataje no afecta un valor fundamental de la sociedad, discúlpenme; los valores fundamentales están debidamente expuestos en artículo 19 de la Constitución Política Mexicana”.
Cerró al comentar que las nuevas disposiciones abren una brecha de desigualdad entre los potosinos.
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