La indignación persiste en San Luis Potosí, tras la liberación de uno de los presuntos responsables de la brutal agresión contra Hope, una perrita que murió víctima de maltrato extremo.
El imputado quedó en libertad tras cumplir un acuerdo económico que consiste únicamente en 2 mil 500 pesos por la cremación de la mascota y cuatro bultos de croquetas.
El caso, que sacudió a la sociedad potosina en abril, ha generado cuestionamientos sobre la efectividad de la justicia en delitos de maltrato animal.
“De los tres responsables, uno ya quedó libre, por lo cual estamos muy indignados”, declaró Karla García, presidenta de Huella Amiga A.C.
Según explicó García, el imputado logró suspender su proceso penal tras presentar un plan psicológico de seis meses, amparado por la legislación vigente que permite este tipo de medidas cuando las penas no superan los cinco años de prisión.
La activista calificó esta decisión como una burla hacia la sociedad y un reflejo de la falta de sensibilidad de las autoridades ante los delitos contra los animales.
El caso de Hope ha impulsado a organizaciones y ciudadanos a impulsar la llamada Ley Hope, una iniciativa que busca endurecer las penas por maltrato animal hasta 16 años de cárcel y establecer agravantes en situaciones donde los actos sean presenciados por menores, grabados o involucren servidores públicos.
Hasta el momento, la campaña ha recolectado más de seis mil firmas físicas y busca llegar a 60 mil en Change.org para presentarlas ante la Comisión de Justicia del Congreso del Estado.
Actualmente, sólo siete casos de maltrato animal han sido judicializados en San Luis Potosí, todos resueltos mediante acuerdos económicos, lo que evidencia, según las agrupaciones, la necesidad de reformar el marco legal y garantizar sanciones efectivas.