Integrantes de Amnistía Internacional México y la Fundación para la Justicia (FJEDD) se reunieron con María Aranzazú Puente, presidenta del Congreso de San Luis Potosí, y la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del mismo, Gabriela Martínez Lárraga, para plantear la necesaria creación de una Fiscalía Especializada en Feminicidios.
Durante esta reunión, que se realizó de manera híbrida, la presidenta del Congreso, Puente Bustindi, y la diputada Martínez Lárraga se comprometieron a convocar a las demás personas legisladoras para que se sumen a la propuesta de creación de esta fiscalía.
Según la postura de Amnistía Internacional, las investigaciones de feminicidios que se realizan en San Luis Potosí son deficientes, por lo que es fundamental que la Fiscalía Especializada en Feminicidios dependa directamente del Fiscal General.
Los casos de feminicidio están radicados en la Unidad de Acceso a la Justicia y Feminicidios y en la Unidad de Homicidios y Feminicidios, donde no se cuenta con personal especializado en perspectiva de género.
Ambas unidades corren el riesgo de desaparecer porque solo pertenecen a la Vicefiscalía y no figuran en la ley orgánica de creación de la Fiscalía General del Estado (FGESLP) ni en su Reglamento, por lo que al ser creadas por resolución del Fiscal en uso de sus facultades, tendrían el mismo destino que la Unidad Especializada, Multidisciplinaria e Itinerante en Materia de Género, en la Investigación y Persecución, Litigación y Concentración de Asuntos Relacionados con Muertes Violentas de Mujeres y Feminicidios (UEMI), eliminada este año.
El anuncio de la desaparición de la UEMI se dio el 18 de marzo de 2022, por lo que desde ese entonces familiares de las mujeres víctimas de feminicidio han exigido la creación de una Fiscalía Especializada de Feminicidios.
“La Fiscalía Especializada es necesaria porque el objetivo de su creación es que se apliquen, de manera adecuada, los protocolos específicos que permitan dar seguimiento a los casos de feminicidio. Para ello debe contar con personal profesional y debidamente capacitado. Esa especialización no la tienen las unidades investigadoras con que cuenta actualmente la FGESLP, de ahí la insistencia en su creación”, declaró Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.
Esta Fiscalía Especializada no debe considerarse un lujo o gasto extra dentro del presupuesto gubernamental, debido a que es obligación de las entidades federativas contribuyan con los acuerdos de las convenciones de Belém do Pará o de la CEDAW, y las sentencias emitidas contra el Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
“Que el Congreso del Estado pugne por su creación es poner oídos y sensibilidad a un reclamo social de la ciudadanía potosina. Es también un paso relevante para dar solución a los más de 100 casos de muertes violentas de mujeres registrados en el estado, cuyas investigaciones presentan un gran rezago y para combatir la impunidad que ello genera”, declaró Yesenia Valdéz, coordinadora de Litigio Estratégico de la FJEDD.
También las cifras emitidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), da un contexto de la violencia feminicida que se registra en San Luis Potosí. 35 mujeres han sido asesinadas del 1 de enero al 31 de agosto de 2022 (feminicidios y homicidios dolosos).
En este mismo periodo se registraron 2 mil 178 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer, lo que coloca a la entidad potosina en el lugar número 18 a nivel federal.
La creación de una Fiscalía Especializada en Feminicidios es una exigencia de parte de las víctimas, que son madres, padres, hermanas e hijos de las mujeres que han sido asesinadas, familiares que buscan memoria, verdad y justicia.
