Mujeres trans en SLP padecen violencia y discriminación laboral, revela Inegi

En San Luis Potosí, la exclusión laboral de las personas trans y no binarias continúa siendo una realidad documentada.

De acuerdo con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 18.8 por ciento de las mujeres trans reportó haber sido rechazada durante procesos de contratación, mientras que el 36.9 por ciento señaló haber sufrido algún tipo de violencia en su centro de trabajo, cifras que superan las registradas entre la población heterosexual.

En este contexto, la colectiva Todes Trans SLP hizo público un posicionamiento ante la inminente votación en el pleno del Congreso del Estado de un dictamen que propone desechar el Punto de Acuerdo 2045, el cual planteaba la adopción de un programa específico de inclusión laboral para personas trans y no binarias.

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Para la organización, esta determinación carece de un análisis de fondo con enfoque de derechos humanos y perpetúa la discriminación estructural que enfrenta esta población.

La colectiva subrayó que el derecho al trabajo digno no se materializa únicamente con políticas generales, sino mediante acciones concretas que atiendan desigualdades históricas plenamente acreditadas.

En ese sentido, advirtieron que descartar el exhorto bajo criterios de neutralidad formal ignora la obligación del Estado de garantizar la igualdad sustantiva y la no discriminación.

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Vulneran el derecho a una vida digna

Todes Trans SLP señaló que la discriminación por identidad de género en el ámbito laboral genera exclusión sistemática, precarización y la vulneración de otros derechos fundamentales como la salud, la seguridad social y una vida digna.

Ante este escenario, afirmaron que el Estado tiene una responsabilidad reforzada de eliminar los obstáculos que impiden el ejercicio pleno de los derechos humanos.

Asimismo, manifestaron su preocupación porque el dictamen asume que los programas laborales existentes son suficientes, sin evaluar si en la práctica han sido accesibles o eficaces para las personas trans y no binarias.

La colectiva recordó que, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, las autoridades están obligadas a evitar retrocesos injustificados en la protección de derechos.

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Desechar el punto de acuerdo, advirtieron, cierra la posibilidad de fortalecer políticas públicas con un enfoque diferenciado y sin medir los impactos reales de esta decisión.

En su posicionamiento, también se destacó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha reconocido que las personas trans son el grupo más afectado por la discriminación laboral dentro de la población LGBTI+.

Finalmente, la colectiva sostuvo que negar la implementación de un programa específico de inclusión laboral no es una decisión técnica ni neutral, sino una omisión que refuerza patrones históricos de exclusión y compromete la responsabilidad del Estado frente a sus obligaciones constitucionales e internacionales.