México se encuentra en periodo electoral y a pesar que desde 1953 se estableció el derecho de voto a las mujeres y ser votadas, continúan actos de violencia política en su contra.
En San Luis Potosí, durante el pasado periodo electoral en el año 2015, destacó el caso de violencia ejercido en contra de la candidata a la gubernatura Sonia Mendoza, en la que surgieron burlas respecto a la imagen que proyectaba en su campaña. En marzo del año pasado, se difundió una serie de mensajes que el diputado José Luis Romero Calzada envió a la diputada Xitlálic Sánchez en la que se determinó violencia política mediante amenazas.
La violencia política contra las mujeres engloba toda serie de acciones y omisiones que basadas en elementos de género pretenden anular los derechos políticos.
La investigadora del Colegio de San Luis (Colsan) Oresta López Pérez, indicó que no se pueden seguir dando estas acciones en una sociedad donde se pretende construir una democracia, pues aunque no lo parezca, se sigue impidiendo que las mujeres tengan derecho a la participación política.
"El reto es la generación de protocolos para garantizar que los partidos apliquen la ley, es necesario que las mujeres involucradas en candidaturas tengan acceso a la preparación política para fortalecerse dentro de su propio espacio, y también protocolos para proteger su seguridad cuando son candidatas porque en una sociedad machista con partidos machistas la seguridad de estas mujeres está en juego" reveló.
Las conductas que constituyen este tipo de violencia van desde las burlas, intimidaciones, amenazas, acoso, entre otras y hasta el momento no han sido tipificadas como delito, sin embargo deben atenderse mediante un protocolo.
"Quieren robarles su trabajo, sus bases de apoyo para usarlas en los partidos, cómo le pueden quitar a las mujeres todo su trabajo, su representación - cuestiona - hay un sistema que lo permite y no hay protocolos para evitarlo, no hay bases legales para señalar y castigar la violencia política” manifestó.
Señaló que es necesario que la población se involucre, con la finalidad de que este tipo de conductas no sean tomadas como un chiste, porque en realidad son un verdadero agravio a las mujeres que buscan una representación.
En este proceso electoral, más de 50 mujeres de diferentes partidos aspiran a obtener candidaturas a alcaldías, diputaciones locales y federales.
"Tiene que haber un protocolo para garantizar a las candidatas su seguridad personal y familiar; para participar políticamente tiene que haber avances en la legislación con el objetivo de tipificar la violencia política, ya que actualmente no lo está".
vkc